La Fundación Las Guaguas publicó un nuevo comunicado en el que hace un llamado a la responsabilidad de los medios de comunicación y de la opinión pública. En el documento afirma que las denuncias de violencia sexual “no son espectáculo ni escenario para el juicio social” y pide que las investigaciones sean adelantadas por la Fiscalía con independencia y respeto al debido proceso.
El mensaje, en principio, plantea una idea con la que es difícil estar en desacuerdo: las denuncias de este tipo deben ser investigadas con seriedad por las autoridades competentes y no convertirse en un circo mediático. Sin embargo, el comunicado también abre una pregunta que hoy muchos se están haciendo.
¿No fue eso precisamente lo que ocurrió?
Uno de los principales cuestionamientos es que la denuncia contra el periodista Rafael Poveda se hizo pública antes de que existiera un pronunciamiento de la Fiscalía o una decisión judicial conocida.
La denuncia fue ampliamente difundida en redes sociales y medios de comunicación, lo que generó un fuerte impacto sobre la imagen pública del periodista. En ese momento, el debate se trasladó rápidamente al escenario mediático, donde miles de personas comenzaron a emitir juicios sin que existiera una investigación concluida.
Ahora, en su nuevo comunicado, la Fundación pide precisamente evitar el juicio social y actuar con responsabilidad.
Para algunos analistas, esto representa una aparente contradicción.
El punto de fondo
La discusión no debería centrarse en si una persona tiene derecho a denunciar. Ese derecho existe y es fundamental.
El verdadero debate es cómo debe hacerse una denuncia cuando se trata de hechos tan graves.
Hay quienes sostienen que primero debe acudirse a la Fiscalía para que sea esa institución la que recopile pruebas, escuche a las partes y determine si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal.
Cuando la denuncia se hace primero en la esfera pública, el riesgo es que la reputación de cualquiera de las partes pueda verse afectada antes de que exista una decisión oficial.
¿Qué pasa con la presunción de inocencia?
En un Estado de derecho, toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia en firme.
Eso no significa descalificar automáticamente a quien denuncia, pero tampoco implica considerar culpable al señalado únicamente por la existencia de una acusación pública.
Por esa razón, muchos juristas insisten en que los casos deben resolverse principalmente en los estrados judiciales y no en las redes sociales.
El cambio de discurso
El nuevo comunicado también llama la atención porque insiste en que los medios deben actuar con responsabilidad.
Sin embargo, algunos críticos consideran que esa responsabilidad debió promoverse desde el inicio, evitando que el caso se convirtiera en un debate público antes del avance de las investigaciones oficiales.
Desde esa perspectiva, el mensaje parece reconocer, al menos de manera indirecta, los riesgos que implica la exposición mediática de una denuncia antes de que la justicia actúe.
Una reflexión necesaria
Este caso deja una discusión importante para Colombia.
Es posible defender el derecho de las presuntas víctimas a denunciar y, al mismo tiempo, defender el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas señaladas.
Ambos principios pueden coexistir y ninguno debería anular al otro.
El reto para organizaciones, medios de comunicación y líderes de opinión es actuar con coherencia: si hoy se pide responsabilidad para evitar el juicio social, también es válido preguntarse si esa misma prudencia debió aplicarse desde el primer momento en que el caso fue llevado al escenario público.
En última instancia, será la justicia la encargada de establecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan. Mientras tanto, el debate público debería desarrollarse con equilibrio, respetando tanto el derecho a denunciar como las garantías del debido proceso.
