
Cartagena recibe esta semana a uno de los encuentros más importantes de América Latina en materia de seguridad financiera. Se trata del 25° Congreso Panamericano de Riesgo LAFT/FPADM, un evento que reúne a expertos nacionales e internacionales para analizar cómo enfrentar algunos de los delitos económicos que más afectan al mundo.
Aunque su nombre puede parecer complejo, el objetivo del congreso es sencillo de entender: evitar que el dinero proveniente de actividades ilegales entre al sistema financiero y proteger la economía de los países.
¿Qué significa LAFT/FPADM?
Estas siglas representan tres de los principales riesgos que hoy enfrentan los bancos, las empresas y los gobiernos:
- LAFT: Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- FPADM: Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
En otras palabras, se busca impedir que recursos obtenidos por actividades como el narcotráfico, la corrupción, la minería ilegal, el contrabando o el crimen organizado sean “legalizados” utilizando bancos o empresas. También se trabaja para evitar que esos recursos terminen financiando organizaciones terroristas o programas relacionados con armas de destrucción masiva.
¿Qué se hace durante el congreso?
Durante dos días, especialistas del sector financiero, funcionarios públicos, organismos de control, empresas y expertos internacionales intercambian experiencias sobre las nuevas modalidades utilizadas por las organizaciones criminales para mover dinero de manera ilegal.
Además, se presentan nuevas herramientas tecnológicas, estrategias de inteligencia financiera, cambios regulatorios y casos reales que permiten fortalecer los sistemas de prevención en cada país.
Más que un evento académico, este congreso funciona como un espacio donde se actualizan quienes tienen la responsabilidad de proteger la estabilidad del sistema financiero.
¿Por qué es importante para los bancos de Colombia?
Para los bancos colombianos este tipo de encuentros tiene un valor estratégico.
Las entidades financieras son la primera línea de defensa para detectar movimientos sospechosos. Cada día procesan millones de transacciones y deben contar con sistemas capaces de identificar operaciones que puedan estar relacionadas con actividades ilícitas.
Si un banco no tiene controles adecuados, no solo puede enfrentar fuertes sanciones económicas, sino que también puede perder credibilidad ante clientes, inversionistas y organismos internacionales.
Por eso, este congreso permite conocer las mejores prácticas que ya se aplican en otros países y fortalecer los mecanismos de prevención que exige la regulación colombiana.
Un tema que va más allá de los bancos
Aunque muchas personas creen que este es un asunto exclusivo del sector financiero, la realidad es diferente.
Las empresas de múltiples sectores también deben implementar controles para conocer el origen de los recursos con los que hacen negocios, identificar a sus clientes y reportar operaciones inusuales cuando sea necesario.
La prevención del lavado de activos se ha convertido en una responsabilidad compartida entre el sector financiero, las empresas privadas y las autoridades.
Cartagena, escenario de un encuentro internacional
El congreso se desarrolla los días 23 y 24 de julio de 2026 en el Hotel Estelar Cartagena, bajo la organización de Asobancaria, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia.
La realización de este evento en Cartagena confirma el papel de Colombia como uno de los países que más ha fortalecido sus sistemas de prevención frente al lavado de activos y otros delitos financieros, en un contexto donde las organizaciones criminales utilizan cada vez métodos más sofisticados para mover recursos a nivel internacional.
En un mundo donde el dinero puede cruzar fronteras en cuestión de segundos, proteger el sistema financiero ya no es solo una obligación legal, sino una necesidad para garantizar la confianza en la economía.
Por eso, encuentros como el Congreso Panamericano de Riesgo LAFT/FPADM no solo benefician a los bancos. También contribuyen a que las empresas operen con mayor transparencia, fortalecen la confianza de los inversionistas y ayudan a que Colombia mantenga un sistema financiero más seguro y preparado frente a los desafíos del crimen organizado internacional.