Perú llega a un nuevo cambio de gobierno con una pregunta que va mucho más allá del nombre de la persona que ocupará el Palacio de Gobierno: ¿será capaz el próximo presidente de terminar su mandato?
Durante la última década, el país ha vivido una de las etapas de mayor inestabilidad política de América Latina. Presidentes que renuncian, otros que son destituidos por el Congreso, mandatarios de transición que apenas permanecen unos meses en el cargo y una ciudadanía cada vez más desconfiada de sus instituciones. La sensación es que en Perú ningún presidente tiene garantizado gobernar hasta el final de su período.
Desde 2016, el país ha visto pasar a Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte, entre otros. Cada uno llegó con la promesa de estabilizar el país, pero todos terminaron enfrentando una crisis política de gran magnitud.
Por eso, si Keiko Fujimori asume la presidencia, su mayor desafío no será únicamente combatir la inseguridad o impulsar la economía. El verdadero reto será algo que parece sencillo, pero que en Perú se ha convertido en una excepción: gobernar durante cinco años completos.
¿Por qué ocurre esto? La respuesta está en el propio sistema político peruano. La Constitución de 1993 otorgó al Congreso un poder muy amplio para declarar la vacancia presidencial por la figura de la “incapacidad moral permanente”. Aunque originalmente este mecanismo buscaba resolver situaciones excepcionales, con el paso del tiempo se ha convertido en un instrumento político utilizado para remover presidentes cuando pierden apoyo parlamentario.
A esto se suma otro problema: la enorme fragmentación de los partidos. Muchos presidentes llegan al poder sin una mayoría clara en el Congreso y deben negociar permanentemente con diferentes bloques políticos. Cuando esas negociaciones fracasan, comienza un enfrentamiento que casi siempre termina en una crisis institucional.
La corrupción también ha jugado un papel determinante. Varios expresidentes han sido investigados o vinculados a escándalos que debilitaron su legitimidad y facilitaron los procesos para sacarlos del poder.
Sin embargo, el panorama para Keiko Fujimori podría ser diferente. A diferencia de varios de sus antecesores, cuenta con una organización política más estructurada y con mayor experiencia en el Congreso. Eso podría darle una ventaja para construir acuerdos y reducir los niveles de confrontación institucional.
Pero esa ventaja no garantiza el éxito. El apellido Fujimori continúa generando una fuerte división entre los peruanos. Mientras una parte del país la considera una opción de estabilidad y orden, otra mantiene un profundo rechazo por el legado político de su padre. Esa polarización podría convertirse en un obstáculo desde el primer día de gobierno.
Además, ningún presidente puede depender únicamente de las alianzas políticas. Si la economía no mejora, la inseguridad continúa creciendo o aparecen nuevos escándalos, la presión social podría aumentar rápidamente y abrir nuevamente la puerta a una crisis política.
En otras palabras, el problema de Perú no parece ser únicamente quién ocupa la presidencia. El verdadero desafío está en un sistema político que durante años ha demostrado una enorme dificultad para generar estabilidad.
Por eso, la gran pregunta no es solamente si Keiko Fujimori podrá gobernar. La pregunta de fondo es si Perú finalmente logrará romper el ciclo de confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso que ha marcado su historia reciente.
Si lo consigue, el país podría iniciar una etapa de mayor estabilidad institucional. Pero si ese conflicto vuelve a repetirse, Perú corre el riesgo de continuar atrapado en la misma crisis política que ha impedido que varios presidentes completen su mandato.
Al final, más que el futuro de una presidenta, lo que está en juego es la capacidad del Estado peruano para recuperar la confianza de sus ciudadanos y demostrar que la democracia puede ofrecer gobiernos estables, capaces de tomar decisiones y terminar el período para el que fueron elegidos.