La revista Cambio publicó el 27 de agosto de 2025 un artículo titulado “Los Char, Daes y el cartel de Sinaloa: el segundo informe en Estados Unidos que cuestiona a los poderosos barranquilleros”, en el que reseñaba un informe elaborado por la firma estadounidense Culper Research. En ese documento se hacían graves señalamientos contra el empresario Christian Daes, Tecnoglass y miembros de la familia Char.
Sin embargo, tras una acción de tutela presentada por Christian Daes para proteger sus derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la dignidad, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Barranquilla ordenó la rectificación. Como consecuencia, el 27 de julio de 2026, la revista publicó una aclaración en la que señaló que no le constaba la veracidad de las afirmaciones contenidas en el informe de Culper Research, que no las presentaba como hechos comprobados y que su publicación debía entenderse únicamente como una reseña de afirmaciones hechas por un tercero.
Lo ocurrido representa uno de los episodios más incómodos para Cambio desde su relanzamiento. Más allá del resultado judicial, el caso deja una reflexión que debería interesar a todos los medios de comunicación: la credibilidad del periodismo depende de la calidad de sus pruebas y no de la contundencia de sus titulares.
El periodismo tiene la misión de investigar a quienes ostentan poder político o económico. Esa labor es necesaria para la democracia. Pero precisamente por esa responsabilidad, las acusaciones más graves exigen el mayor nivel de verificación posible. Cuando una publicación termina siendo objeto de una rectificación judicial, inevitablemente surgen preguntas sobre si el proceso de comprobación de la información fue suficiente antes de llevarla al público.
Este caso también demuestra que un informe elaborado por un tercero no reemplaza el trabajo periodístico de contrastar fuentes, buscar evidencia independiente y ofrecer a los lectores un contexto completo. La rapidez por publicar una información de alto impacto nunca debería estar por encima del deber de verificar los hechos.
Además, este episodio recuerda que el periodismo debe mantenerse alejado de cualquier percepción de confrontación personal. Los medios no están llamados a librar disputas contra empresarios, políticos o cualquier otro ciudadano. Su función consiste en informar con objetividad, investigar con rigor y permitir que sean las pruebas las que hablen. Cuando una cobertura parece centrarse más en el enfrentamiento que en la evidencia, el debate deja de girar alrededor de los hechos y pasa a enfocarse en las personas.
Cambio es propiedad de Cambio Comunicaciones Colombia S.A.S. El grupo accionista mayoritario está encabezado por la periodista Patricia Lara y su hijo Federico Gómez Lara, quienes controlan la mayoría de la compañía. Por su parte, Daniel Coronell, además de ejercer como presidente de la revista, posee una participación accionaria minoritaria cercana al 20 %, mientras que otros inversionistas, como Gabriel Silva Luján y Diego Carvajal, también hacen parte de la sociedad.
La composición accionaria de un medio no determina por sí sola el contenido de sus publicaciones. Sin embargo, lo ocurrido con esta rectificación sí demuestra que ningún medio, por grande o influyente que sea, está por encima del deber de publicar información suficientemente verificada. La confianza de los lectores se construye con rigor, equilibrio y pruebas, no con afirmaciones que posteriormente deban ser aclaradas por orden de un juez.
La principal enseñanza de este caso es que el periodismo colombiano debe seguir investigando y denunciando cuando existan razones para hacerlo, pero siempre respaldado por evidencia sólida y respetando los derechos fundamentales de todas las personas. La libertad de prensa es indispensable para la democracia, pero esa libertad siempre debe caminar de la mano con la responsabilidad y el compromiso con la verdad.