¿Qué pasaría si en Colombia comenzaran a construirse miles de viviendas que hoy están esperando para arrancar? ¿Cuántas personas podrían conseguir trabajo, cuántas familias tendrían una oportunidad de comprar casa y cuántos pequeños negocios volverían a vender más?
Estas preguntas cobran importancia después de conocerse una cifra presentada por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol): Colombia tiene más de 1.400 proyectos de vivienda que todavía no han iniciado su construcción, con inversiones estimadas en $98 billones y cerca de 257.000 viviendas en preventa.
La información fue presentada por Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, durante la instalación del Congreso Colombiano de la Construcción 2026, en Cartagena.
Según el gremio, poner en marcha estos proyectos podría generar el equivalente a 2,3 millones de empleos directos e indirectos.
Pero detrás de estos números hay una realidad que merece ser explicada con claridad: una vivienda que no se construye también representa una oportunidad de trabajo que todavía no llega y una familia que continúa esperando una solución habitacional.
Cuando una obra se detiene, muchas familias lo sienten.
Pensemos en un trabajador de la construcción que vive de lo que gana cada semana. Si hay obras, puede recibir ingresos para pagar el arriendo, comprar alimentos, sostener a sus hijos y cumplir con sus obligaciones.
Pero si los proyectos se aplazan, sus oportunidades de trabajo pueden disminuir.
Y el efecto no termina ahí. El negocio que vende almuerzos a los obreros puede perder clientes. El transportador que lleva materiales puede recibir menos pedidos. El pequeño proveedor que vende herramientas o cemento puede ver reducidas sus ventas.
Eso es lo que hace tan importante a la construcción: su actividad no beneficia solamente a las grandes empresas, sino que puede mover una extensa cadena de trabajadores y negocios.
Por eso, cuando el sector atraviesa dificultades, el impacto puede llegar hasta los hogares que nunca han comprado un apartamento, pero que dependen económicamente de las actividades relacionadas con las obras.
¿Por qué hay proyectos de vivienda que todavía no arrancan?
Esta es una de las preguntas más importantes de la noticia.
Tener un proyecto diseñado, anunciado o con apartamentos en preventa no significa que la construcción pueda comenzar inmediatamente.
Las empresas necesitan recursos para financiar las obras, cumplir los requisitos correspondientes y contar con suficientes compradores para que el proyecto sea viable.
Al mismo tiempo, las familias enfrentan sus propias dificultades. Para muchas personas, comprar vivienda significa ahorrar durante años para reunir la cuota inicial y después asumir las mensualidades de un crédito.
Imaginemos a una pareja que trabaja, tiene hijos y sueña con dejar de pagar arriendo. Puede encontrar un apartamento que le guste, pero si sus ingresos no son suficientes para acceder a un préstamo, ese sueño tendrá que esperar.
Cuando muchas familias se encuentran en esa situación, las ventas pueden debilitarse y las constructoras pueden aplazar el inicio de sus proyectos.
Camacol señala precisamente la necesidad de recuperar las condiciones de financiación, fortalecer la confianza de los hogares y los inversionistas, y reducir las barreras que retrasan las obras.
En otras palabras, Colombia necesita que los proyectos puedan construirse, pero también que existan compradores con posibilidades reales de adquirir esas viviendas.
Los números muestran que algo está pasando en el sector.
Según las cifras presentadas por Camacol, las ventas de vivienda están un 34,4 % por debajo de los niveles de 2022, mientras que el inicio de nuevas construcciones ha caído un 40 % durante el mismo período.
Estas cifras ayudan a entender por qué el gremio insiste en la necesidad de reactivar la actividad.
Cuando se venden menos viviendas y se inician menos proyectos, las consecuencias pueden sentirse en las contrataciones, las compras de materiales y los ingresos de las empresas que participan en cada obra.
Sin embargo, hay algo que debemos tener claro: recuperar la construcción no consiste simplemente en levantar más edificios. También se necesita que esos proyectos respondan a las necesidades del mercado y que las familias puedan pagar por las viviendas.
De lo contrario, el país podría aumentar su oferta sin resolver suficientemente el problema de acceso a la vivienda.
El gran problema: tener una vivienda cerca no significa poder comprarla.
Para muchas familias colombianas, comprar casa sigue siendo una de las decisiones económicas más difíciles de su vida.
No basta con encontrar un apartamento disponible. Hay que reunir la cuota inicial, demostrar ingresos suficientes y calcular si las mensualidades caben dentro del presupuesto familiar.
Una familia que gana el salario mínimo, por ejemplo, debe distribuir sus ingresos entre alimentación, transporte, servicios públicos, educación y otras necesidades. Ahorrar para comprar vivienda puede convertirse en un esfuerzo enorme.
Por eso, la discusión sobre la reactivación de la construcción también debe incluir a quienes tienen menos capacidad económica.
Camacol propone fortalecer la financiación, impulsar programas de acceso a vivienda de interés social e incentivar el ahorro de los hogares.
La pregunta es cómo se llevarán esas propuestas a la práctica y cuántas familias podrán beneficiarse.
Porque una reactivación no debería medirse únicamente por la cantidad de apartamentos que se construyen, sino también por las posibilidades de que las personas puedan habitarlos y pagarlos sin comprometer excesivamente su economía.
¿Qué ocurre cuando las familias no encuentran una vivienda formal a su alcance?
Las dificultades para acceder a una vivienda adecuada forman parte de un problema más amplio.
Camacol señala que, entre 2005 y 2018, aproximadamente 1,6 millones de viviendas fueron construidas sin licencia, equivalentes al 35 % de las unidades edificadas durante ese período.
Este dato muestra la dimensión que puede alcanzar la construcción informal, aunque sus causas son diversas y no pueden atribuirse a un solo factor.
Para algunas familias, construir por cuenta propia puede parecer la única alternativa disponible. Sin embargo, dependiendo de las condiciones del inmueble, hacerlo sin los permisos correspondientes puede traer dificultades relacionadas con la seguridad, los servicios públicos y la legalización.
El país necesita avanzar hacia soluciones que permitan a más personas acceder a viviendas seguras y adecuadas, sin ignorar las limitaciones económicas que enfrentan muchos hogares.
¿Puede la construcción ayudar a recuperar la economía?
Camacol considera que la vivienda puede aportar al objetivo de crecimiento económico del 6 % planteado por la Misión CRECER del Gobierno Nacional.
La razón es sencilla: cuando se activa una obra, se mueve dinero entre diferentes sectores. Se contrata personal, se compran materiales, se pagan servicios y se generan ingresos que pueden terminar circulando en los comercios.
Pero es importante no confundir una posibilidad con un resultado garantizado.
Los $98 billones corresponden al valor estimado de proyectos que aún no han iniciado su construcción. No significa que todo ese dinero esté disponible para gastarse de inmediato ni que los empleos anunciados vayan a generarse automáticamente.
Para que eso ocurra, los proyectos deben avanzar, conseguir financiación, responder a una demanda real y superar los obstáculos que hoy los mantienen detenidos.
Además, la construcción es solamente una parte de la economía. Alcanzar una meta de crecimiento nacional también depende del comportamiento de otros sectores y de las condiciones económicas generales.
Reconstruir las viviendas afectadas también es una prioridad.
En el mismo encuentro, Camacol planteó que Colombia debe avanzar tanto en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto como en la reactivación de la construcción formal.
Según las cifras presentadas por el gremio, más de 255.000 viviendas resultaron afectadas en 403 municipios de 16 departamentos. De ellas, 51.778 quedaron destruidas y 203.301 sufrieron averías.
Detrás de esos números hay personas que necesitan recuperar sus hogares, familias que pueden haber perdido parte de sus pertenencias y comunidades que requieren soluciones para volver a la normalidad.
La reconstrucción demanda recursos, coordinación y rapidez, pero también seguridad y planificación. Al mismo tiempo, reactivar los proyectos de vivienda existentes puede ayudar a recuperar la actividad económica.
Son dos necesidades distintas que requieren respuestas concretas.
La pregunta que Colombia debe hacerse
Los $98 billones representan una oportunidad importante, pero el verdadero desafío está en conseguir que esa inversión potencial se convierta en obras, ingresos y viviendas que respondan a las necesidades de la población.
El Gobierno debe evaluar qué condiciones pueden facilitar la financiación y el acceso a la vivienda. Las empresas necesitan proyectos viables y compradores con capacidad de pago. Y las familias necesitan alternativas que se ajusten a sus ingresos.
También será necesario comprobar los resultados: cuántas obras comenzaron, cuántas viviendas se entregaron, cuántos empleos se generaron y qué tan accesibles fueron esas viviendas para los colombianos.
Porque detrás de cada proyecto detenido hay algo más que cifras: hay trabajadores que necesitan ingresos, negocios que esperan vender y familias que sueñan con tener un hogar propio.
La construcción puede convertirse en una fuente importante de oportunidades para Colombia, pero ese potencial solamente tendrá un impacto real cuando los proyectos dejen de estar en los anuncios y comiencen a transformar la vida de las personas.