Colombia lleva meses enterándose, por partes y en goteo, de uno de los casos de corrupción más grandes de los últimos años. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres manejó recursos destinados a comunidades vulnerables, y según las investigaciones, una parte importante de ese dinero terminó en un esquema de contratación amañada que hoy involucra exministros, congresistas y funcionarios de alto nivel. Hasta ahí, el relato es claro. Lo que merece más análisis es otro asunto: por qué Caracol Radio revela apenas hoy, 29 de abril de 2026, que existen contratos por más de un billón de pesos que nunca habían sido mencionados en los procesos judiciales ni en los informes oficiales de la Fiscalía, y por qué ese anuncio llega en plena antesala electoral.
La pregunta no es caprichosa. El propio medio afirma tener en su poder contratos originales, con firmas y fechas, correspondientes a los años 2023 y 2024. Si esos documentos existían y estaban en manos del equipo periodístico, la pregunta obligatoria es cuánto tiempo llevan ahí y por qué no se publicaron antes. El periodismo de investigación legítimo toma tiempo, eso es verdad. Pero también es verdad que hay una diferencia entre el tiempo necesario para verificar una historia y el tiempo elegido para publicarla. Esa diferencia importa, y los medios raramente la explican.
Colombia tiene una tradición bien documentada de usar los grandes escándalos de corrupción como munición electoral. No se trata de una conspiración sofisticada: basta con que los intereses de quienes financian los medios, de quienes tienen acceso a las fuentes judiciales y de quienes compiten políticamente converjan en un momento conveniente. El resultado es que informaciones que podrían haberse conocido meses antes aparecen justo cuando el debate público está más caldeado y cuando el daño político es más efectivo. Eso no exonera a nadie de los hechos investigados, que son graves y deben responderse ante la justicia. Pero sí obliga a leer las revelaciones con una capa adicional de escepticismo.
El Gobierno de Gustavo Petro ha respondido a este caso con una narrativa que también merece ser cuestionada. Presentarse como el primer denunciante y señalar que se tomaron medidas inmediatas cuando se detectaron las irregularidades suena razonable hasta que se confronta con una realidad incómoda: los contratos sospechosos se firmaron durante su propia administración, entre 2022 y 2024, y los funcionarios señalados ocupaban cargos de confianza política. La “cero tolerancia” declarada por el Ejecutivo no puede coexistir cómodamente con el hecho de que el esquema operó por años antes de que alguien dentro del gobierno alzara la voz públicamente.
Tampoco ayuda a la credibilidad gubernamental que las investigaciones judiciales hayan avanzado de forma autónoma y en ocasiones en dirección contraria a la narrativa oficial. Que la Fiscalía y la Corte Suprema estén compulsando copias y llamando a juicio a exministros del actual gobierno no es una operación mediática de la oposición: es el funcionamiento, imperfecto pero real, del sistema judicial.
Lo que tiene Colombia frente a sí es un caso de corrupción que por su volumen, su estructura y sus ramificaciones merece una cobertura periodística sostenida, rigurosa y desinteresada políticamente. Lo que tiene en cambio es un ciclo de revelaciones que avanza en sincronía con el calendario electoral, medios que anuncian tener documentos sin explicar cuándo los obtuvieron, un gobierno que habla de transparencia mientras sus exfuncionarios enfrentan cargos, y congresistas de distintas bancadas que piden llegar al fondo del asunto sin que nadie recuerde que muchos de ellos estuvieron callados durante meses.
El escándalo de la UNGRD es real. La corrupción que describe es real. Pero la forma en que se cuenta, quién la cuenta, cuándo y con qué propósito también forma parte de la historia. Y esa parte, la mayoría de los medios no la están contando.