La controversia alrededor del proceso judicial contra Nicolás Petro vuelve a ocupar el centro de la discusión pública, pero esta vez por una razón diferente: la Fiscalía General de la Nación decidió responder públicamente a las declaraciones de la exfiscal Lucy Marcela Laborde, quien estuvo al frente del caso durante buena parte de su etapa preparatoria.
Y aquí hay algo importante que debemos entender antes de tomar partido: una cosa es lo que dice la Fiscalía, otra lo que sostiene la exfiscal y otra muy diferente es lo que finalmente pueda demostrarse dentro del proceso judicial.
La Fiscalía acaba de publicar un comunicado en el que considera que algunas de las afirmaciones de Laborde han sido presentadas de manera “sesgada, parcial e incompleta”. Por eso decidió explicar públicamente cómo, según la institución, se desarrolló el proceso.
Primero: ¿Nicolás Petro ya estaba acusado?
Sí. Y este punto es importante porque cambia la manera de entender la discusión.
La Fiscalía afirma que cuando la actual fiscal general asumió el cargo, el 22 de marzo de 2024, Nicolás Petro ya había sido acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.
Es decir, según la institución, la acusación no fue construida posteriormente como consecuencia de decisiones tomadas por la actual administración de la Fiscalía.
La acusación había sido formulada por el entonces fiscal Mario Andrés Burgos entre noviembre de 2023 y enero de 2024.
Posteriormente, Burgos continuó participando en el proceso hasta julio de 2024, cuando fue separado del caso después de una recusación y en medio de actuaciones disciplinarias.
Entonces, ¿cómo llegó el caso a Lucy Laborde?
Este es otro de los puntos que la Fiscalía quiere dejar claros.
Según el comunicado, Laborde no fue escogida directamente por la fiscal general para manejar el proceso contra Nicolás Petro.
La Fiscalía sostiene que el expediente fue asignado mediante un sistema de reparto automático y aleatorio conocido como SPOA, y que en ese procedimiento estuvo presente una agente especial de la Procuraduría.
Después de recibir el caso, Laborde continuó con la etapa preparatoria y participó en 31 sesiones entre agosto de 2024 y junio de 2026.
Esto es importante porque una de las preguntas que queda sobre la mesa es si existió algún tipo de intervención jerárquica para poner a determinada persona al frente del proceso.
La respuesta oficial de la Fiscalía es: no. El caso llegó a Laborde por reparto.
Pero entonces, ¿qué pasó en la reunión del 5 de septiembre de 2024?
Este probablemente sea uno de los puntos más sensibles de toda la controversia.
La Fiscalía reconoce que hubo una reunión, pero rechaza que se haya utilizado para presionar o coaccionar a la fiscal encargada del caso.
La explicación institucional es sencilla: la reunión habría tenido como propósito analizar una solicitud presentada por la defensa de Nicolás Petro para intentar modificar la calificación jurídica de los hechos y buscar un posible preacuerdo.
Pero hay un detalle fundamental: la Fiscalía dice que esa solicitud no fue aceptada.
Por eso sostiene que nunca se ordenó retirar delitos ni cambiar la acusación.
En otras palabras, la versión de la Fiscalía es que hubo una discusión jurídica dentro de la institución, pero que esa discusión no terminó modificando la acusación contra Nicolás Petro.
Y aquí aparece la pregunta que cualquier ciudadano puede hacerse:
¿Una reunión entre superiores y la fiscal del caso significa automáticamente presión?
No necesariamente.
Pero tampoco significa que cualquier preocupación sobre una reunión de este tipo deba descartarse automáticamente.
Lo importante es establecer qué se dijo, qué se pidió, qué quedó registrado y qué decisiones se tomaron después.
¿Laborde fue retirada por el caso Nicolás Petro?
La Fiscalía también quiere cerrar esa interpretación.
La entidad asegura que la salida de Laborde no tuvo relación con el expediente de Nicolás Petro.
Según la explicación oficial, su desvinculación ocurrió en el marco de un concurso de méritos para ocupar 4.000 cargos de planta, proceso que se adelantó en cumplimiento de órdenes del Consejo de Estado.
La Fiscalía sostiene además que Laborde trabajaba en provisionalidad, no participó en el concurso y cumplía los requisitos para acceder a la pensión.
Por eso, la institución afirma que no existe una relación entre su salida y el proceso contra Nicolás Petro.
¿Y en qué va realmente el proceso?
Aquí está quizás la información más importante para quienes están siguiendo este caso.
El proceso todavía no ha terminado.
El juicio oral está pendiente de que se resuelvan varios recursos de apelación relacionados con las pruebas que fueron aceptadas y rechazadas.
Es decir, todavía no estamos frente a una sentencia que determine si Nicolás Petro es culpable o inocente.
La acusación que permanece vigente corresponde a los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.
Por eso es importante no confundir una acusación con una condena.
Una persona puede estar acusada y, al final del proceso, ser declarada responsable o ser absuelta. Eso precisamente es lo que debe determinar la justicia.
Entonces, ¿a quién creerle?
Esta es probablemente la pregunta que más se hacen los ciudadanos.
Y la respuesta más responsable es: no deberíamos decidirlo únicamente por quién habla más fuerte o quién tiene más seguidores.
La Fiscalía presenta una versión institucional respaldada, según afirma, por documentos y actuaciones del expediente.
La exfiscal Laborde, por su parte, está exponiendo su propia experiencia y su interpretación de lo ocurrido mientras estuvo al frente del proceso.
Las dos cosas deben ser contrastadas.
Porque en un proceso judicial hay una diferencia enorme entre decir “esto ocurrió” y poder demostrarlo.
El verdadero fondo de la discusión
Más allá de Nicolás Petro, este episodio abre una discusión mucho más grande: ¿hasta dónde puede llegar la jerarquía dentro de la Fiscalía sin afectar la autonomía de un fiscal que lleva un caso concreto?
La Fiscalía defiende el principio de unidad de gestión y jerarquía. Pero al mismo tiempo los ciudadanos tienen derecho a exigir que esas facultades no se conviertan en presiones sobre quienes deben tomar decisiones jurídicas.
Por eso, más que convertir este asunto en una pelea entre “los que creen en la Fiscalía” y “los que creen en Laborde”, lo sensato es mirar las pruebas.
¿Qué documentos existen?
¿Qué quedó registrado de aquella reunión?
¿Qué decisiones se tomaron antes y después?
¿La acusación cambió o se mantuvo?
¿Hubo realmente una presión sobre la fiscal?
Y, finalmente, ¿qué podrá demostrar cada una de las partes ante la justicia?
Por ahora, la Fiscalía dice que la acusación se mantiene, que Laborde tuvo autonomía y que su salida no estuvo relacionada con el caso.
Pero la controversia no termina con este comunicado.
El proceso judicial continúa y será allí, y no solamente en los medios de comunicación o en las redes sociales, donde deberán aclararse las responsabilidades.
Porque una cosa es la versión de cada protagonista y otra, muy distinta, es la verdad que pueda probarse ante un juez.