La propuesta de Abelardo De la Espriella de expedir cerca de 90 decretos durante sus primeros 100 días de gobierno ha generado expectativa entre sus seguidores y dudas entre sus críticos. La pregunta es sencilla: ¿se trata de una demostración de liderazgo o de una estrategia política para mostrar resultados rápidos?
A primera vista, la idea puede resultar atractiva para muchos colombianos. Después de años de problemas en seguridad, salud, empleo y corrupción, existe un sentimiento de cansancio frente a la lentitud del Estado. En ese contexto, escuchar que un nuevo gobierno llegará con decenas de decretos transmite una sensación de acción inmediata.
Sin embargo, gobernar no consiste únicamente en firmar documentos. Un decreto puede ordenar cambios, crear estrategias o modificar procedimientos, pero los resultados dependen de que esas medidas puedan ejecutarse en la práctica. La historia colombiana muestra que muchas decisiones anunciadas con entusiasmo terminan enfrentando obstáculos jurídicos, presupuestales o administrativos.
Por eso, más importante que la cifra de 90 decretos es conocer su contenido. Si las medidas permiten mejorar la seguridad, reducir la burocracia y facilitar la inversión, podrían representar un cambio significativo. Pero si se convierten en anuncios difíciles de implementar, el efecto podría quedarse únicamente en el terreno político y mediático.
También existe otro debate. Algunos analistas consideran que fijar metas ambiciosas para los primeros 100 días es una forma de enviar un mensaje de autoridad y determinación. Otros creen que puede ser una estrategia de marketing político destinada a generar una imagen de eficiencia antes de que existan resultados concretos.
En temas como la captura de cabecillas criminales, la lucha contra la extorsión o la modernización de la DIAN mediante inteligencia artificial, el verdadero examen llegará cuando se conozcan las cifras y los resultados. Los ciudadanos no evaluarán cuántos decretos fueron firmados, sino si mejoró la seguridad en sus barrios, si aumentaron las oportunidades de empleo y si el Estado se volvió más eficiente.
En conclusión, anunciar 90 decretos no es necesariamente bueno ni malo. Puede ser una señal de un gobierno dispuesto a actuar con rapidez, pero también puede convertirse en una apuesta de alto riesgo. Al final, la diferencia entre una transformación real y una simple estrategia de comunicación estará en la capacidad de convertir los decretos en resultados tangibles para los colombianos.