El terremoto del pasado 10 de agosto no solo dejó viviendas averiadas y destruidas en Colombia. También agravó las dificultades de un sector fundamental para la economía: la construcción de vivienda.
Un informe de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), publicado el 6 de octubre de 2026, revela que el mercado inmobiliario atraviesa un momento complicado. Las ventas de viviendas nuevas están disminuyendo, los constructores están iniciando menos obras y el país enfrenta ahora el reto adicional de reconstruir miles de hogares afectados por el sismo.
Pero detrás de estas cifras hay una realidad que va más allá de las empresas constructoras: miles de familias necesitan un lugar seguro para vivir, mientras la economía requiere que el sector de la construcción vuelva a moverse.
Un mercado de vivienda que ya venía debilitado
Para entender la situación, hay que mirar lo que estaba ocurriendo antes del terremoto.
De acuerdo con Camacol, entre enero y agosto de 2026 se registraron 105.226 ventas de viviendas nuevas en Colombia. Esta cifra representa una caída del 11,7 % frente al mismo periodo del año anterior.
Los lanzamientos de nuevos proyectos de vivienda disminuyeron un 17,5 %, mientras que los inicios de obra cayeron un 14,1 %.
En palabras sencillas, esto significa que se están vendiendo menos viviendas, las empresas están anunciando menos proyectos nuevos y también están comenzando menos construcciones.
¿Por qué importa esto? Porque construir una vivienda mueve muchas actividades económicas: genera empleo para obreros, ingenieros, arquitectos, electricistas, transportadores y vendedores de materiales. También impulsa negocios como las ferreterías, las fábricas de cemento y los establecimientos que comercializan acabados para el hogar.
Cuando la construcción pierde fuerza, sus efectos pueden sentirse en muchos hogares colombianos, especialmente entre quienes dependen de estos empleos para sostener a sus familias.
El terremoto agravó una situación que ya era difícil.
El sismo del 10 de agosto de 2026, de magnitud 7,4 y con epicentro en San José del Palmar, Chocó, añadió un nuevo problema a este panorama.
Según el Registro Único de Damnificados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con información consolidada hasta el 2 de octubre, el terremoto dejó 138.896 viviendas afectadas en el país.
De ese total, 119.748 resultaron averiadas y otras 19.148 fueron destruidas.
La diferencia es importante: una vivienda averiada puede necesitar reparaciones de distinta magnitud, mientras que una destruida requiere una solución mucho más compleja para que la familia pueda recuperar su hogar.
Los departamentos de Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle aparecen entre los territorios con mayores afectaciones.
Esto significa que el país debe atender dos necesidades al mismo tiempo: recuperar las viviendas dañadas por el terremoto y mantener la construcción de nuevos hogares para una población que sigue necesitando dónde vivir.
Las cifras que muestran la gravedad del problema
El informe de Camacol permite observar que las regiones más golpeadas por el sismo ya presentaban un desempeño inferior al del resto del país en el mercado de vivienda.
En agosto de 2026, el índice de ventas de vivienda nueva en Caldas, Quindío, Risaralda y Valle se ubicó en 40 puntos, mientras que en el resto del país llegó a 84.
Estos valores corresponden a un índice que utiliza como referencia el promedio de 2019, equivalente a 100. No representan el número de viviendas vendidas, sino una comparación de la evolución de las ventas.
En términos sencillos, el indicador muestra que las ventas en las regiones más afectadas estaban considerablemente más débiles que las del resto de Colombia.
El panorama también era complicado en los proyectos nuevos. El índice de lanzamientos fue de 24 puntos en las regiones más afectadas, frente a 47 en el resto del país. En el inicio de obras, la diferencia fue todavía mayor: 19 frente a 77 puntos.
Esto ayuda a explicar por qué la reconstrucción será tan exigente: las regiones necesitan recuperar viviendas precisamente cuando su actividad constructora atraviesa dificultades.
Risaralda registró una caída del 80,2 % en las ventas
Uno de los datos más preocupantes del informe corresponde a Risaralda. Durante agosto, las ventas de vivienda nueva registraron una caída anual del 80,2 %.
Es decir, el comportamiento de las ventas fue mucho más débil que en agosto del año anterior.
Sin embargo, sería incorrecto atribuir toda esa caída exclusivamente al terremoto. Camacol advierte que los departamentos afectados ya presentaban un menor dinamismo desde años anteriores.
Además, el informe muestra diferencias entre regiones. En agosto se iniciaron 429 viviendas en Caldas, mientras que en Quindío, Risaralda y Valle no se registraron iniciaciones de obra.
En Quindío tampoco hubo lanzamientos de nuevos proyectos durante ese mes.
Estos datos reflejan un mercado desigual, en el que algunas regiones tienen una actividad constructora muy limitada y deben enfrentar, al mismo tiempo, las necesidades derivadas de la emergencia.
Reconstruir las viviendas será una tarea de gran magnitud.
Quizás la conclusión más importante del informe está en el tamaño del desafío que enfrenta el país.
Camacol calcula que, en Caldas, Quindío, Risaralda y Valle, las viviendas averiadas y destruidas equivalen a 7,4 veces la cantidad de viviendas cuya construcción comenzó en esos departamentos durante los últimos doce meses.
En ese periodo se iniciaron 13.484 viviendas en las cuatro regiones.
La comparación permite entender la dimensión del problema: la cantidad de viviendas afectadas supera ampliamente la capacidad de construcción que venían mostrando estos departamentos.
Por eso, según Camacol, atender las necesidades de vivienda provocadas por el terremoto y, al mismo tiempo, responder al crecimiento normal de la demanda exigirá como mínimo duplicar la capacidad de generación de vivienda en estas regiones.
No se trata simplemente de levantar paredes y colocar techos. También es necesario disponer de terrenos adecuados, materiales, trabajadores, financiación y proyectos que puedan ejecutarse oportunamente.
Y, sobre todo, es indispensable que las familias damnificadas puedan acceder a soluciones de vivienda acordes con sus necesidades y posibilidades económicas.
¿Qué significa esto para la economía y para los ciudadanos?
El impacto puede entenderse desde tres perspectivas.
La primera es la social. Las familias cuyas viviendas fueron destruidas necesitan recuperar la estabilidad de su vida cotidiana. Mientras llega una solución definitiva, pueden enfrentar gastos adicionales y dificultades para mantener sus rutinas laborales, educativas y familiares.
La segunda es la económica. Una menor actividad constructora puede reducir las oportunidades de empleo y los ingresos de quienes trabajan en esta cadena productiva. Por otra parte, una reconstrucción bien organizada puede generar actividad económica y trabajo, aunque sus beneficios dependerán de la financiación y de la ejecución efectiva de los proyectos.
La tercera es la política pública. Las autoridades deben responder a la emergencia sin descuidar las dificultades que ya enfrentaba el mercado de vivienda. Para lograrlo, se requieren recursos, coordinación institucional y mecanismos que permitan convertir los anuncios de reconstrucción en viviendas efectivamente reparadas o construidas.
Camacol señala que es necesario habilitar condiciones e incentivos para generar nueva oferta de vivienda, además de facilitar la financiación y la ejecución de los proyectos.
Esto plantea una pregunta central: ¿tendrá el país la capacidad de acelerar la construcción lo suficiente para responder a las familias damnificadas sin dejar de atender a quienes ya buscaban una vivienda antes del terremoto?