A solo días de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, los reportes financieros de las campañas dejaron una conclusión muy clara: en Colombia, competir por la Presidencia no solo depende de los votos, también depende de quién logra acceder primero a grandes préstamos bancarios.
Los datos de la plataforma Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral muestran una campaña profundamente desigual en recursos, donde tres candidaturas concentran prácticamente toda la capacidad financiera: Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda.
Entre los tres suman la enorme mayoría del dinero reportado hasta ahora.
El caso más llamativo es el de Abelardo de la Espriella. Su campaña reporta ingresos cercanos a los 32 mil millones de pesos y gastos por más de 26 mil millones, convirtiéndose en el candidato que más dinero mueve en toda la contienda. Muy cerca aparece Paloma Valencia, con 30 mil millones en ingresos y cerca de 17.700 millones gastados. Iván Cepeda completa el grupo de campañas de alto presupuesto con alrededor de 15 mil millones ingresados y más de 12 mil millones ejecutados.
La diferencia con el resto de candidatos es enorme.
Mientras esas campañas operan con estructuras financieras multimillonarias, otros aspirantes apenas superan los mil millones de pesos en ingresos o incluso menos. El contraste deja ver una realidad política cada vez más evidente: las campañas presidenciales colombianas se parecen más a grandes operaciones financieras que a movimientos ciudadanos tradicionales.
Y hay otro detalle importante.
El 93,9% de los recursos reportados provienen de créditos bancarios. Es decir, el sistema político colombiano está funcionando bajo una lógica de deuda electoral: los candidatos piden préstamos esperando recuperar el dinero después, mediante la reposición estatal de votos.
Ese modelo tiene consecuencias profundas.
Por un lado, favorece a quienes tienen respaldo político, relaciones financieras o capacidad de generar confianza ante los bancos. Pero al mismo tiempo deja en desventaja a candidatos nuevos, independientes o con menor maquinaria. En la práctica, no todos tienen la misma facilidad para endeudarse por decenas de miles de millones.
Además, el grueso del dinero no está yendo a plazas públicas ni eventos masivos.
Según los reportes, cerca del 74% de los gastos se concentran en propaganda electoral. Eso incluye publicidad, estrategia digital, pauta, posicionamiento y comunicación política. Los actos públicos apenas representan un porcentaje pequeño del gasto total.
Ese dato explica mucho de la campaña que estamos viendo en 2026.
La batalla ya no se está librando principalmente en las plazas o caravanas tradicionales, sino en medios, redes sociales, publicidad segmentada y control de la narrativa digital. Hoy una campaña fuerte necesita más inversión en comunicación que en movilización física.
También llama la atención que dos campañas aún no aparezcan reportando movimientos financieros: la de Miguel Uribe Turbay y la de Clara López Obregón, aunque esta última ya salió de la contienda. Eso ha generado cuestionamientos sobre la velocidad y transparencia de algunos reportes.
Otro punto que varios observadores empiezan a señalar es el posible subregistro en gastos de eventos y logística. Muchas campañas muestran una actividad visible bastante intensa en territorio, pero los números reportados en actos públicos son relativamente bajos frente a lo que se observa en la realidad política diaria.
En el fondo, estas cifras dejan una pregunta incómoda para la democracia colombiana: ¿qué tan competitiva puede ser una elección donde la diferencia económica entre campañas es tan amplia desde el inicio?
Porque aunque los votos siguen definiendo el resultado, el dinero claramente está definiendo quién tiene más capacidad para instalar mensajes, dominar la conversación y sostener presencia nacional durante toda la campaña.
Y en esta elección de 2026, la disputa por la Presidencia también parece ser una disputa por quién tiene más músculo financiero para resistir hasta el final.