La decisión anunciada este lunes 13 de julio de 2026 por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, marca un nuevo capítulo en la relación entre Washington y la Corte Penal Internacional (CPI). No se trata simplemente de una diferencia jurídica. Es un choque entre dos formas distintas de entender el poder, la soberanía y la justicia internacional.
Rubio fue contundente al anunciar el inicio de una campaña diplomática para “desmantelar” la influencia de la Corte Penal Internacional. Según el gobierno estadounidense, la CPI representa una amenaza para la soberanía de Estados Unidos porque pretende juzgar a militares, funcionarios y ciudadanos estadounidenses sin que el país haya aceptado la jurisdicción del tribunal.
Para entender esta controversia, hay que recordar un punto fundamental: Estados Unidos nunca ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado que creó la Corte Penal Internacional. En otras palabras, Washington sostiene que no está obligado a reconocer la autoridad de un tribunal del que decidió no formar parte.
Desde la perspectiva estadounidense, permitir que la CPI procese a sus militares sería aceptar que un organismo internacional pueda intervenir en decisiones relacionadas con la seguridad nacional. Esa es una línea que tanto gobiernos republicanos como demócratas han evitado cruzar, aunque la actual administración ha decidido adoptar un tono mucho más agresivo.
Las medidas anunciadas son significativas. Estados Unidos impondrá restricciones de ingreso al país para funcionarios de la Corte, ampliará las sanciones económicas contra integrantes del organismo y buscará convencer a sus aliados de reducir su respaldo político a la institución. Además, Washington dejó entrever que observará con mayor atención a los países que reciben cooperación militar o económica estadounidense mientras continúan apoyando las decisiones de la CPI.
Sin embargo, la discusión va mucho más allá de Estados Unidos. La Corte Penal Internacional fue creada precisamente para investigar y juzgar delitos como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren hacerlo. Para sus defensores, representa una herramienta indispensable para combatir la impunidad. Para sus críticos, en cambio, ha terminado convirtiéndose en un organismo con amplios poderes, pero con escasos mecanismos de control político.
Este enfrentamiento también tiene un fuerte componente geopolítico. Washington considera que la Corte ha excedido sus funciones al abrir investigaciones que involucran tanto a militares estadounidenses como a funcionarios israelíes. Desde esa óptica, la CPI estaría actuando como un árbitro mundial sin la legitimidad suficiente para hacerlo.
Lo que está ocurriendo puede tener consecuencias importantes en las relaciones internacionales. Si Estados Unidos logra convencer a varios de sus aliados de reducir el respaldo a la Corte, la capacidad de actuación de la CPI podría verse debilitada. Pero si ocurre lo contrario y la mayoría de los países mantiene su apoyo, el enfrentamiento entre Washington y el tribunal internacional podría profundizarse durante los próximos años.
En el fondo, esta no es únicamente una disputa entre un país y un tribunal. Es un debate sobre quién tiene la última palabra cuando se investigan posibles crímenes internacionales: ¿la justicia internacional o la soberanía de los Estados?
La respuesta a esa pregunta definirá buena parte del futuro del derecho internacional y del equilibrio entre las grandes potencias y las instituciones multilaterales.