En una ciudad donde el vallenato no es solo música sino identidad, lo que ocurrió este 28 de abril no fue un evento más. Fue, más bien, una declaración de intenciones. En las instalaciones del Museo Cocha Molina, la Fundación Cocha Molina reunió a actores clave del ecosistema cultural para algo que llevaba años postergándose: pasar del discurso a la ejecución.
A once años de que la UNESCO declarara el vallenato como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la pregunta ya no es qué se debe hacer, sino por qué no se ha hecho lo suficiente. Y en ese punto exacto aterriza el llamado “Pacto por la Ciudad”: una hoja de ruta que busca convertir el Plan Especial de Salvaguardia (PES) en acciones concretas.
Lo que se vivió en Valledupar fue, en esencia, un cambio de tono. Durante años, la conversación sobre la protección del vallenato ha estado cargada de diagnósticos, advertencias y nostalgias. Esta vez, el enfoque fue distinto: المسؤولidades claras, alianzas reales y ejecución medible.
La voz que marcó ese giro fue la de Julieth Peraza, gestora cultural y cofundadora de la fundación, quien dejó claro que la ciudad está cansada de delegar su propia cultura. Su mensaje no apeló a la emoción fácil, sino a una verdad incómoda: el patrimonio que no se gestiona, se diluye.
Pero este pacto no nace en el vacío. Llega en un momento donde las tensiones entre tradición y modernidad son cada vez más evidentes en el vallenato. Mientras las nuevas generaciones consumen versiones más comerciales del género, la esencia juglaresca —la narrativa, la composición, la raíz— corre el riesgo de convertirse en pieza de museo, paradójicamente.
Por eso, una de las decisiones más estratégicas del encuentro fue plantear un hermanamiento cultural con el Carnaval de Barranquilla, otro símbolo del patrimonio colombiano. La idea no es menor: conectar dos expresiones culturales masivas para construir una ruta de salvaguardia nacional que trascienda los eventos y se convierta en política cultural viva.
En esa misma línea, la presencia de figuras como Juan Carlos Ospino, Diana Molina y Fabián Dangond dejó ver algo que rara vez ocurre con éxito en Colombia: la articulación entre cultura, economía y gestión. Porque si algo quedó claro en el conversatorio es que el vallenato no se protege solo con aplausos, sino con estructura, inversión y visión a largo plazo.
Ahora bien, más allá del discurso, la Fundación Cocha Molina llegó con cifras. Y en el lenguaje actual —donde todo debe medirse— eso importa. Más de 4.500 estudiantes impactados a nivel internacional, procesos formativos en múltiples territorios, proyectos turísticos en marcha y contenido audiovisual con millones de visualizaciones no son promesas, son evidencia de gestión.
Sin embargo, el dato más revelador no está en los números, sino en el contexto: estas acciones están respondiendo directamente a compromisos adquiridos ante la UNESCO. Es decir, no se trata solo de preservar una tradición por orgullo cultural, sino de cumplir con una responsabilidad global.
El reconocimiento al maestro Israel Romero durante la jornada fue, en ese sentido, más que simbólico. Fue un recordatorio de que el vallenato no se sostiene en instituciones, sino en sus portadores. En quienes lo han defendido antes de que existieran planes, pactos o declaratorias.
Y ahí está el verdadero desafío.
Porque este “Pacto por la Ciudad” llega cargado de intención, pero también de presión. Valledupar, y por extensión Colombia, ya no puede darse el lujo de fallar en la salvaguardia de uno de sus símbolos más universales. No después del reconocimiento internacional. No después de los diagnósticos. No después de este punto de quiebre.
La pregunta que queda en el aire no es si el vallenato va a sobrevivir. Es bajo qué condiciones lo hará: como una tradición viva que evoluciona sin perder su esencia, o como un recuerdo institucionalizado que solo se activa en festivales.
Por ahora, Valledupar ha decidido moverse.
Y eso, en un país donde la cultura muchas veces se queda en el papel, ya es noticia.
