El expresidente Donald Trump volvió a imponerse en su batalla contra las grandes tecnológicas. Luego de que YouTube suspendiera su canal en enero de 2021 tras el asalto al Capitolio, la plataforma de Google decidió cerrar la disputa legal con un pago de 24,5 millones de dólares, según reveló el Wall Street Journal.
Este acuerdo convierte a YouTube en la tercera gran red social que opta por indemnizar a Trump en lugar de enfrentar un juicio prolongado. Antes, Meta (propietaria de Facebook e Instagram) había aceptado pagar 25 millones de dólares, mientras que Twitter/X resolvió la demanda con un desembolso cercano a los 10 millones.
Aunque ninguna de estas compañías admitió culpa, los acuerdos extrajudiciales marcan un precedente claro: suspender a líderes políticos de alto perfil puede resultar extremadamente costoso. Además, todas terminaron restaurando las cuentas de Trump en 2023, lo que refuerza la percepción de que las plataformas están moderando con más cautela sus decisiones de veto.
El caso de Trump evidencia un punto de inflexión en la relación entre las redes sociales y la política. Si bien las normas internas de uso no cambian de manera inmediata, el impacto económico y mediático de estos litigios ejerce presión para que las plataformas revisen sus lineamientos, transparenten sus procesos y eviten sanciones que puedan interpretarse como censura ideológica.
Con YouTube, Meta y Twitter habiendo cedido ante la presión legal y financiera, se abre el debate sobre si en el futuro las redes sociales estarán dispuestas a asumir el costo de enfrentar a figuras políticas o si preferirán adoptar posturas más flexibles frente a la libertad de expresión en la era digital.