Opinión: José David Name Cardozo.
Este viernes 12 de septiembre se cumple un año desde que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios intervino a la empresa Air-e, asumiendo el control de sus bienes y operaciones para enfrentar la crisis financiera que atravesaba. Sin embargo, los resultados hasta ahora son decepcionantes: la situación económica de la compañía sigue siendo crítica, los cuestionamientos por presuntas irregularidades crecen y los usuarios del Caribe viven con el temor de un apagón.
Air-e acumula deudas superiores a $1,5 billones con las generadoras, incumple pagos a contratistas locales y mantiene una liquidez precaria que amenaza con colapsar el servicio eléctrico en Atlántico, Magdalena y La Guajira. El escenario recuerda el fracaso de Electricaribe, cuya liquidación le costó al país más de $13 billones, y que podría ahora repetirse con cifras aún mayores, superiores a los $15 billones.
Ante esta realidad, la Comisión Quinta del Senado decidió instalar hoy, 10 de septiembre de 2025, una Comisión Accidental de Seguimiento a la Intervención de Air-e. En ella participarán la Superservicios, el Ministerio de Minas y Energía y la misma empresa Air-e, con el fin de presentar un balance detallado del estado de la intervención y del servicio eléctrico en la región. El objetivo es garantizar control político, transparencia y soluciones reales para los más de dos millones de usuarios afectados.
La comisión tendrá funciones claras:
Revisar periódicamente los avances y dificultades del proceso.
Analizar los informes de la Superservicios y el Ministerio.
Verificar la correcta ejecución de los recursos públicos.
Realizar audiencias públicas en los territorios para escuchar directamente a las comunidades.
La urgencia es evidente. La Cámara Colombiana de la Energía alertó sobre los graves problemas financieros de Air-e, que ya han deteriorado sus relaciones con proveedores y contratistas, frenando inversiones clave. Los generadores rechazaron la propuesta de pago a diez años de la empresa, argumentando que no resuelve el déficit inmediato. Incluso han surgido voces que plantean la entrada de Gecelca en caso de liquidación, reflejando la gran incertidumbre sobre el futuro energético del Caribe.
En este contexto, la comisión no sustituirá a las autoridades regulatorias, pero sí deberá vigilar, exigir cuentas y garantizar que se escuchen todas las voces: desde los generadores hasta las comunidades. Su éxito dependerá de su capacidad para articular soluciones viables, definir cronogramas claros y presionar para que las promesas se conviertan en resultados tangibles.
La energía no es un lujo, sino un derecho fundamental y un motor para el desarrollo regional. Por eso, el Senado envía un mensaje claro: no se puede permitir que la historia de Electricaribe se repita con Air-e. Si esta comisión accidental logra convertirse en un verdadero instrumento de transformación, podrá devolver la confianza a los ciudadanos del Caribe y asegurarles un servicio digno, confiable y sostenible.