La senadora del Centro Democrático Paola Holguín radicó este martes la ponencia negativa al Proyecto de Ley 312 de 2025 “por medio del cual se establece el régimen sancionatorio aduanero, de decomiso y los procedimientos aplicables en materia aduanera”, iniciativa presentada por el Gobierno Nacional para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible el Decreto 920 de 2023.
En un documento de 28 páginas, la congresista antioqueña advirtió que el proyecto “mantiene y agrava los vicios” que precisamente motivaron la declaratoria de inconstitucionalidad del régimen anterior. Holguín señaló que, lejos de corregir los problemas de proporcionalidad, seguridad jurídica y debido proceso, la iniciativa otorga “facultades desproporcionadas” a la DIAN y conserva sanciones que castigan con igual severidad errores formales que conductas dolosas de contrabando.
“Este no es un proyecto de modernización aduanera, es un proyecto de castigo indiscriminado al comercio exterior formal”, afirmó la senadora Holguín durante la presentación de su ponencia ante la Comisión Segunda del Senado.
Entre los puntos más críticos destacados por la ponente se encuentran:
• La permanencia de la responsabilidad objetiva para usuarios y agencias de aduanas, sin distinguir entre dolo, culpa grave o error excusable.
• La ampliación de causales de decomiso y multas millonarias por “inducir a error” a los usuarios, figura que, según Holguín, convierte a los intermediarios aduaneros en “garantes absolutos” de la exactitud de la información suministrada por importadores y exportadores.
• La ausencia de gradualidad real en las sanciones y la falta de mecanismos efectivos de defensa previa al acto administrativo sancionatorio.
La senadora también cuestionó que, a pesar de las más de 700 observaciones presentadas por el sector privado en las mesas técnicas de junio de 2025, el texto final fue radicado sin concertación ni socialización, lo que catalogó como “un desaire al diálogo que tanto pregona el Gobierno del Cambio”.
Holguín coincidió con los reparos expresados por Analdex, AmCham Colombia y la ANDI, que han advertido que el proyecto, en su estado actual, pondría en riesgo la competitividad del comercio exterior colombiano y generaría una avalancha de litigios contra la DIAN.
“Tenemos hasta junio de 2026 para cumplir con la sentencia de la Corte. No hay prisa que justifique aprobar un mal proyecto. Colombia merece un régimen sancionatorio moderno, proporcional y que realmente diferencie al contrabandista del comerciante honesto”, concluyó la senadora Paola Holguín.
La ponencia negativa abre ahora el debate en la Comisión Segunda del Senado, donde el Gobierno deberá buscar los votos necesarios para salvar la iniciativa o aceptar modificaciones sustanciales propuestas por la oposición y los gremios del comercio exterior.