En la cálida tarde del 8 de noviembre de 2025, en Santa Marta, el presidente Gustavo Petro rompió el protocolo de la III Cumbre Social de la CELAC para abrazar a la familia de Alejandro Carranza, “Coroncoro”, el pescador de 40 años que el 15 de septiembre fue convertido en cenizas por un misil estadounidense en el mar Caribe. No fue un gesto político calculado. Fue el reconocimiento de un Estado a un ciudadano pobre que salió a pescar y regresó en una urna.
La lancha de Coroncoro —reconocible por su motor levantado, señal universal de auxilio— fue detectada por drones estadounidenses como “objetivo narcoterrorista”. El misil llegó antes que cualquier identificación. Su prima Audenis Manjarres lo resumió con crudeza: “Era un hombre que buscaba el pan de cada día, no un criminal”. Petro, con la voz quebrada frente a las cámaras, lo repitió: “Hubiera llevado pez o cocaína, no tenía pena de muerte”.
En la Cumbre, el presidente colombiano desafió directamente a Donald Trump y Marco Rubio: “Mienten cuando dicen que era narcotraficante. No hay pruebas”. Exigió a la Fiscalía una investigación inmediata y propuso una respuesta regional: “Reconstruyamos la Gran Colombia para que nadie más bombardee a nuestros pescadores”.
El caso de Coroncoro no es aislado. Los pescadores de Taganga y La Guajira han dejado de salir al mar. Temen que el próximo misil tenga su nombre. Mientras Washington guarda silencio, Petro ha convertido el dolor de una familia samaria en un grito continental: la soberanía no se negocia, y la vida de un pescador vale más que cualquier operación antidrogas.