La decisión del Gobierno de Gustavo Petro de reducir el esquema de seguridad del precandidato presidencial Abelardo De La Espriella ha generado controversia política y judicial. El líder del movimiento Defensores de la Patria presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado, advirtiendo que se encuentran en riesgo sus derechos fundamentales a la vida, la integridad y la seguridad.
De La Espriella aseguró que la medida es “arbitraria e irresponsable” y la vinculó directamente con su condición de opositor al gobierno. Según denunció, existen amenazas verificadas en su contra, incluyendo un supuesto precio de ocho millones de dólares por su cabeza y la de otros líderes opositores.
Argumentos oficiales y contexto institucional
Aunque no se ha emitido un comunicado específico sobre el caso, desde el Gobierno y la Unidad Nacional de Protección (UNP) se ha planteado que el sistema de seguridad para dirigentes políticos atraviesa un proceso de reorganización y redistribución de recursos, dado el crecimiento de solicitudes en el marco electoral de 2026.
La UNP sostiene que los esquemas se definen con base en estudios técnicos de riesgo, los cuales pueden conllevar ajustes en el número de escoltas, vehículos blindados y medidas asignadas. Además, se ha advertido que los recursos disponibles no son suficientes para cubrir a todos los precandidatos y líderes bajo amenaza.
Críticas y cuestionamientos
La decisión ha sido interpretada por sectores de oposición como un acto político de retaliación contra uno de los críticos más férreos del presidente Petro. De La Espriella argumenta que la reducción desconoce los informes de inteligencia que confirman riesgos inminentes y, además, ignora el precedente del asesinato del precandidato y senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de este año, tras denuncias similares de perfilamientos y desprotección estatal.
La contradicción también radica en que, mientras el Gobierno anuncia un refuerzo general de medidas de seguridad electoral, algunos candidatos denuncian recortes particulares en sus esquemas. El caso de De La Espriella no es el único: otros precandidatos, como Jorge Enrique Robledo, también han interpuesto tutelas contra la UNP por decisiones similares.
La solicitud ante el Consejo de Estado
En su acción de tutela, De La Espriella pidió al alto tribunal que ordene al presidente Petro y a la UNP restablecer un esquema de protección integral para él y su familia. “La vida de mi familia y la mía están por encima de cualquier procedimiento administrativo. En un país donde ya hubo un magnicidio político reciente, la protección no es un favor, es un deber del Estado”, subrayó.
El caso ahora queda en manos de la justicia, que deberá decidir si la reducción de la seguridad del precandidato obedece a criterios técnicos legítimos o si, como denuncia, constituye una vulneración a sus derechos fundamentales en un contexto de creciente violencia política en Colombia.