El 23 de diciembre de 2025, un tribunal del distrito Zamoskvoretsky en Moscú emitió una orden de detención en ausencia contra Garry Kasparov, el legendario ex campeón mundial de ajedrez y uno de los opositores más destacados al régimen de Vladimir Putin. La acusación se basa en el artículo 205.2 del Código Penal ruso, que penaliza la justificación pública del terrorismo a través de medios de comunicación e internet, con penas que pueden alcanzar hasta siete años de prisión. Esta medida se enmarca en una serie de acciones represivas contra disidentes en el exilio, ya que Kasparov, residente en Nueva York desde hace más de una década, forma parte del Comité Antibélico de Rusia (CAR), organización calificada como terrorista por las autoridades rusas.
La orden establece una prisión preventiva de al menos dos meses a partir del momento en que Kasparov sea detenido en territorio ruso o extraditado, y entrará en vigor el 26 de diciembre. No es la primera vez que el Kremlin persigue al ajedrecista: desde 2022 figura como agente extranjero, en 2024 fue incluido en la lista de extremistas y terroristas, y en abril de ese año ya enfrentó otra orden similar por supuesta creación de una comunidad terrorista junto a figuras como Mijaíl Jodorkovski. Estas acusaciones responden principalmente a sus duras críticas contra la invasión de Ucrania y su activismo por la democracia en Rusia.
Kasparov respondió con ironía en su cuenta de X, preguntando “¿Otra vez? Oponerse al terrorismo de Estado ahora debe llamarse terrorismo”. En la práctica, la orden tiene un carácter más simbólico que efectivo, ya que es improbable que Kasparov regrese a Rusia o sea extraditado desde países occidentales. Sin embargo, representa un nuevo capítulo en la estrategia del Kremlin de etiquetar como terroristas a cualquier voz disidente, diluyendo la distinción entre crítica política y amenaza real, y enviando un mensaje intimidatorio a otros opositores en el exilio.