La más reciente investigación de la revista Semana puso en el centro de la controversia a la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, tras revelar testimonios de al menos ocho generales del Ejército y la Policía que aseguran que la congresista habría intervenido en operativos y actuaciones de la Fuerza Pública en Antioquia. Según el informe, las presuntas intervenciones se habrían dado entre 2022 y 2024 mediante llamadas, mensajes y reclamos dirigidos a altos mandos, en el marco de operaciones contra estructuras criminales relacionadas con narcotráfico, minería ilegal y grupos armados.
De acuerdo con la investigación, estos hechos no eran desconocidos dentro de la institucionalidad, pero no habían salido a la luz pública por temor de los oficiales a represalias, presiones políticas y consecuencias en su carrera, dado el contexto del Gobierno y la política de “paz total”. La información comenzó a filtrarse ahora debido a la salida o retiro de varios de los generales involucrados, lo que redujo los riesgos personales y permitió que los testimonios se consolidaran. La publicación de Semana detonó el caso en la opinión pública y derivó en la presentación de una denuncia formal ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá determinar si hay mérito para abrir una investigación penal contra la senadora.
Zuleta ha negado de manera categórica las acusaciones, asegurando que sus actuaciones se enmarcaron en el control político y en la exigencia de respeto a los derechos humanos durante los operativos, y calificó la investigación como un ataque político y mediático. Mientras tanto, el caso sigue en etapa preliminar y no existe una decisión judicial de fondo. La polémica ha reavivado el debate sobre los límites entre el control político legítimo y la posible interferencia indebida en las funciones de la Fuerza Pública, un tema que ahora queda en manos de la justicia y bajo el escrutinio nacional.