La reciente controversia en Colombia gira en torno al decreto presidencial de Gustavo Petro para convocar una consulta popular, a pesar del voto negativo emitido previamente por el Senado. El núcleo del desacuerdo reside en la interpretación del Artículo 33 de la Ley 1757 de 2015. El gobierno de Petro argumenta que la falta de un pronunciamiento formal y escrito por parte del Senado, explicando las razones de su rechazo dentro del plazo estipulado, constituye un incumplimiento del procedimiento legal.
Esta omisión, según la perspectiva del ejecutivo, permitiría seguir adelante con la consulta popular, una acción que ha generado fuertes críticas y cuestionamientos sobre la legalidad y el debido proceso.Por su parte, el Senado defiende la validez de su votación como una expresión clara de su postura contraria a la consulta popular. Los senadores argumentan que, como cuerpo autónomo e independiente, no están obligados a emitir explicaciones escritas de sus decisiones, especialmente cuando las razones de su rechazo –como los altos costos, la percepción de fines políticos, la innecesariedad del mecanismo y posibles problemas de constitucionalidad– eran de conocimiento público.
Esta confrontación entre el poder ejecutivo y el legislativo ha escalado hasta el punto en que los órganos judiciales, específicamente el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, deberán intervenir para dirimir la disputa y determinar la legalidad de las acciones emprendidas por ambas partes.La incertidumbre generada por esta situación tiene implicaciones significativas, incluyendo el considerable costo económico que implicaría la realización de la consulta popular, estimada en 770.000 millones de pesos. Existe el riesgo de que este gasto resulte innecesario si la Corte Constitucional falla en contra de la legalidad del decreto presidencial. Además, se vislumbra un trasfondo político en esta controversia, con acusaciones de que tanto el gobierno como los senadores estarían utilizando este episodio como parte de sus estrategias de campaña y posicionamiento ante la opinión pública, mientras la nación espera la resolución final por parte de los entes judiciales competentes.