El presidente Gustavo Petro anunció este domingo que no suspenderá los bombardeos contra estructuras del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, aun cuando las operaciones militares ordenadas por su gobierno han dejado hasta el momento 12 menores de edad muertos, todos víctimas de reclutamiento forzado.
“Si hay acciones ofensivas de los grupos armados del narcotráfico, los bombardeos no se suspenden”, escribió el mandatario en su cuenta de X, en respuesta directa a la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien horas antes le había solicitado detener las operaciones aéreas mientras se verificaban posibles nuevas víctimas infantiles.
Marín había advertido que “hay otros bombardeos en verificación por menores de edad que habrían resultado muertos” y pidió al presidente y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, “suspender los bombardeos y evaluar” los riesgos para la población civil no combatiente.
Los hechos más graves ocurrieron el pasado 15 de noviembre en Guaviare, donde siete adolescentes entre 14 y 17 años murieron en un ataque aéreo contra un campamento del frente Carolina Ramírez del EMC. A estos se suman cuatro menores fallecidos en Amazonas, uno en Arauca y otro caso que aún está en verificación, según cifras confirmadas por el Gobierno y la Defensoría del Pueblo.
El presidente lamentó las muertes, pero las justificó al afirmar que los menores formaban parte de una columna que se disponía a atacar un pelotón del Ejército. “Toda acción que he ordenado y ordene hacia adelante se supeditará al Derecho Internacional Humanitario”, aseguró Petro, aunque no detalló las medidas específicas adoptadas para evitar daños colaterales a niños reclutados.
La controversia ha desatado una tormenta política. La representante Katherine Miranda (Alianza Verde) exigió la renuncia inmediata del ministro de Defensa y pidió al presidente “darle la cara al país”. En redes sociales circulan videos y fotografías de los cuerpos de los menores, lo que ha intensificado las críticas de sectores de izquierda y oposición que recuerdan que el propio Petro, cuando era senador, calificó de “infanticidio de Estado” bombardeos similares ejecutados durante el gobierno de Iván Duque.
Organizaciones de derechos humanos y expertos en DIH han cuestionado si las operaciones cumplen con el principio de distinción y proporcionalidad, especialmente cuando se tiene conocimiento previo del reclutamiento de menores por parte de estos grupos. Por su parte, el Gobierno sostiene que la reanudación de los bombardeos –suspendidos en 2022 como gesto para la “Paz Total”– responde al rearme y expansión territorial del EMC tras el fracaso de los diálogos.
Este lunes, el Congreso citará a debate de control político al ministro Pedro Sánchez, mientras la Procuraduría General anunció que abrirá investigación preliminar para determinar si hubo violaciones al DIH. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Medicina Legal continúan la identificación y verificación de las víctimas.
Con 12 niños y adolescentes muertos en menos de un mes, el país revive un capítulo doloroso que el propio presidente Petro prometió cerrar al llegar al poder. Hoy, la frase “la paz total” suena más lejana que nunca.