El presidente Gustavo Petro ha encendido el debate político en Colombia al decretar una consulta popular con el objetivo de sacar adelante su reforma laboral. Esta decisión llega después de que el Congreso rechazara la iniciativa presidencial, llevando al gobierno a buscar una vía directa con la ciudadanía. La medida ha generado intensas discusiones sobre la separación de poderes y la constitucionalidad de convocar una consulta popular por decreto, marcando un precedente significativo en la política colombiana.
La polémica decisión de Petro pone en el centro del escenario el futuro de la reforma laboral y el papel del pueblo en su aprobación. Mientras el gobierno argumenta la necesidad de una voz ciudadana, la oposición califica la acción como un desafío a las instituciones democráticas. Ahora, la mirada de Colombia se posa en la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse sobre la legalidad de esta maniobra. Este hito no solo definirá el destino de la reforma laboral, sino que también sentará las bases sobre cómo se procesan las iniciativas legislativas clave en el país.