El presidente Gustavo Petro ha fijado una postura clara y contundente respecto a la reciente condena del expresidente Álvaro Uribe: “Yo no me voy a meter en eso, pero a la justicia se le respeta en Colombia.”
Con estas palabras, Petro no solo se distancia del proceso judicial en particular, sino que también subraya un principio fundamental de la democracia colombiana: la autonomía y la autoridad del poder judicial. Es un llamado inequívoco a la observancia de las decisiones judiciales, sin importar cuán sensibles o políticamente cargadas sean.
Pero el presidente no se detuvo ahí. Su crítica se extendió a un sector de la oposición que ha buscado intervención internacional en el caso, específicamente en Estados Unidos. Petro los calificó de “colombianos que se van allá a destruir la justicia.” Esta fuerte declaración refleja una profunda preocupación por lo que él percibe como un intento de socavar la soberanía judicial del país.
Para el presidente, llevar un caso de la justicia colombiana a tribunales o instancias políticas extranjeras no es un acto de búsqueda de justicia, sino un esfuerzo por deslegitimar y desestabilizar el sistema legal interno.
Las palabras de Petro resuenan en un momento en que la polarización política en Colombia es palpable. Al defender la integridad de la justicia colombiana, el presidente busca afianzar la confianza en las instituciones nacionales y rechazar cualquier acción que pueda interpretarse como una intromisión externa en asuntos internos.
Su mensaje es claro: la justicia colombiana debe ser respetada en su propio territorio, y aquellos que buscan minarla, ya sea desde dentro o con apoyo foráneo, serán objeto de su crítica.
Este episodio, sin duda, añade una nueva capa al complejo panorama político y judicial del país.