El 9 de octubre de 2025, Dina Boluarte fue destituida por el Congreso peruano con 122 votos a favor, en una sesión que duró menos de tres horas. No se defendió. No asistió. No envió respuesta. Su silencio fue tan estruendoso como su salida. Pero detrás de esta caída hay algo más profundo que escándalos o inseguridad: una Constitución que permite vacar presidentes sin juicio, sin límites y sin garantías.
La figura usada para su destitución fue la ya célebre “incapacidad moral permanente”, un concepto incluido en el artículo 113 de la Constitución de 1993. ¿Qué significa exactamente? Nadie lo sabe. No está definido jurídicamente. No exige pruebas ni sentencia. Solo votos. Y el Congreso los tuvo: 122 de 130 posibles.
El proceso comenzó tras el atentado contra el grupo musical Agua Marina, que dejó cinco heridos en un concierto sin autorización ni resguardo policial. El ataque fue atribuido a mafias de extorsión, y se convirtió en símbolo del abandono estatal frente al crimen organizado. A esto se sumaron los escándalos por relojes de lujo, el desplome de su aprobación (3%) y la pérdida total de respaldo político. El fujimorismo, que antes la sostenía, votó por su salida.
Pero el problema no es solo Boluarte. Desde 2016, Perú ha tenido siete presidentes. Ninguno ha terminado su mandato. Pedro Pablo Kuczynski renunció por corrupción. Martín Vizcarra fue vacado. Manuel Merino cayó tras protestas. Pedro Castillo intentó cerrar el Congreso y fue arrestado. Dina Boluarte se fue sin pelear. ¿Quién sigue?
Por mandato constitucional, el presidente del Congreso asume el poder si no hay vicepresidentes. Así llegó José Jerí Oré, abogado de 38 años, elegido como presidente del Congreso en agosto de 2025. No pertenece a un partido tradicional, pero fue respaldado como figura de transición. Estará en el cargo hasta abril de 2026, cuando se celebren elecciones generales.
Jerí prometió un gobierno de reconciliación nacional y lucha contra el crimen. Pero su legitimidad depende de algo más que promesas. Depende de si el país puede romper el ciclo de vacancias, renuncias y crisis. Y para eso, no basta con cambiar de presidente. Hay que cambiar las reglas.
La Constitución peruana, redactada en 1993 bajo el régimen de Alberto Fujimori, fue diseñada para concentrar poder. Hoy, ese poder se ha convertido en una máquina de destituciones. Mientras no se reforme, Perú seguirá atrapado en una democracia frágil, donde el cargo de presidente es más una silla eléctrica que un mandato.