El gobierno de Petro ha implementado un nuevo modelo de salud en Colombia a través de un decreto que busca transformar la atención médica en el país. Este modelo se enfoca en ser preventivo, predictivo y resolutivo, con la meta de llevar los servicios de salud directamente a los hogares colombianos.
Una de las piezas centrales de esta reforma son los Equipos Territoriales de Salud, que visitarán comunidades para hacer seguimiento a usuarios y familias. Además, se reorganizarán las Redes Integrales e Integradas de Salud (RITS), donde las EPS (Entidades Promotoras de Salud) o sus equivalentes contratarán con prestadores de atención primaria.Otro pilar son los Centros de Atención Primaria (CAPS).
Estos centros, que pueden ser públicos, privados o mixtos, servirán como el primer punto de contacto para los ciudadanos, quienes se afiliarán al CAPS más cercano a su residencia para consultas, exámenes y controles. La idea es que las EPS colaboren con los gobiernos locales para asegurar que las personas sean atendidas en la IPS más conveniente según sus necesidades.
Sin embargo, este decreto ha generado controversia. El Dr. Augusto Galán, exministro de Salud, lo califica como una “reforma por decreto” y expresa serias preocupaciones. Sugiere que el decreto podría exceder las funciones regulatorias del gobierno y violar leyes existentes, como la Ley 1122 y la Ley 100, al modificar el modelo de aseguramiento y atención primaria sin la aprobación del Congreso.
También le preocupa que se pueda restringir la libertad de elección de los usuarios al obligarlos a afiliarse a un CAPS, y que la implementación genere barreras de acceso debido a transiciones poco claras. Finalmente, critica el corto período de consulta antes de la aprobación del decreto.