Mientras Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecen hoy por segunda vez ante el juez Alvin Hellerstein en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, el foco no está solo en los cargos de narcoterrorismo. El verdadero pulso judicial gira en torno a una pregunta incómoda: ¿quién paga la cuenta de los abogados más caros de Estados Unidos cuando el “presidente obrero” jura que no tiene un centavo en el bolsillo?
La defensa, liderada por Barry Pollack (el mismo que defendió a Julian Assange), presentó una moción explosiva: la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) otorgó el 9 de enero una licencia para que el gobierno venezolano cubriera los honorarios de ambos. Horas después –exactamente tres horas, según los documentos–, revocó la de Maduro sin explicación oficial. La de Cilia Flores quedó intacta. ¿Error administrativo, como alegan los fiscales? ¿O una decisión política selectiva? La defensa lo llama “arbitrariedad” y lo eleva a violación de la Sexta Enmienda: derecho a un abogado de elección. Si no hay pago, piden desestimar todo el caso.
Los fiscales responden con frialdad: Maduro no es reconocido como presidente legítimo desde 2019. Permitir que fondos públicos venezolanos financien su defensa equivaldría a legitimar a un régimen sancionado. Si realmente no tiene recursos personales (como juraron ambos bajo pena de perjurio), que acepten un defensor público, como cualquier acusado indigente en EE.UU. Punto final.
La ironía que duele en Caracas
Aquí entra la parte que nadie quiere mirar de frente. En Venezuela, el salario mínimo sigue congelado en 130 bolívares: menos de 0,30 dólares al mes. La canasta alimentaria familiar (según Cendas-FVM) cerró enero en 677 dólares. Se necesitan más de 1.700 salarios mínimos para comprarla. Mientras en Nueva York se discute si el Estado venezolano puede girar millones para Pollack y Donnelly, en las calles de Caracas, Maracaibo o Barquisimeto una familia promedio sobrevive con bonos que no llegan a cubrir ni el arroz.
Maduro ha repetido durante años que su sueldo es “miserable” (alrededor de 120 dólares equivalentes). Ahora declara bajo juramento que ni él ni Cilia tienen plata personal para pagarse la defensa. ¿De dónde saldrían entonces los fondos? Del mismo erario público que, según sus críticos, ha sido vaciado durante años por corrupción, expropiaciones y dependencia del petróleo.
Preguntas que generan debate (y que nadie responde del todo)
- ¿Es constitucional que unas sanciones bloqueen un derecho fundamental en territorio estadounidense? La defensa dice que sí: la OFAC está interfiriendo directamente con la Sexta Enmienda. Los fiscales responden que las sanciones son una herramienta legítima de política exterior y que Maduro no puede exigir que EE.UU. financie indirectamente a quien acusa de narcoterrorismo.
- ¿Debería el pueblo venezolano pagar la defensa de quien lo acusa de destruir el país? Para unos, es una obligación legal venezolana (el Estado debe defender a sus funcionarios). Para otros, es el colmo: el mismo régimen que dejó el país en hiperinflación y emigración masiva ahora quiere que los venezolanos –los de verdad, los que ganan menos de un dólar al mes– financien a uno de los abogados más caros de Manhattan.
- ¿Por qué la diferencia con Cilia? Ella enfrenta cargos graves, pero su licencia nunca fue revocada. ¿Es porque su rol en las acusaciones es “secundario”? ¿O porque políticamente pesa menos? La inconsistencia es tan evidente que hasta la defensa la usa como prueba de arbitrariedad.
- ¿Y si gana la defensa? Si Hellerstein desestima el caso por este tecnicismo, ¿qué mensaje envía? ¿Que las sanciones pueden ser un boomerang legal? ¿O que la justicia estadounidense prioriza procedimientos sobre el fondo de los cargos?
Hoy, en plena audiencia, se decide si el caso sigue adelante con defensores públicos, si se mantiene el equipo privado o si todo se cae por un “error administrativo” de tres horas. Lo que no se discute en la sala –pero sí en las redes y en las colas de los mercados venezolanos– es la imagen: un exmandatario que alega pobreza mientras contrata a un abogado de élite, en un país donde la pobreza ya no es alegato, sino realidad cotidiana.