El Gobierno de España ha confirmado hoy el inicio de un proceso de regularización extraordinaria que beneficiará a todos los extranjeros que se encontrasen en territorio nacional antes del 31 de diciembre de 2025. Esta medida, fruto del acuerdo político entre el Ejecutivo y Podemos, busca integrar en el sistema legal a cerca de 600.000 personas que actualmente viven y trabajan en la sombra.
El fin de las órdenes de expulsión
Uno de los pilares más impactantes de este anuncio es la anulación inmediata de todas las órdenes de deportación vigentes para quienes se acojan al proceso. Desde el momento en que un ciudadano extranjero presente su solicitud y esta sea admitida a trámite, cualquier procedimiento de retorno quedará suspendido de forma automática.
Este “borrón y cuenta nueva” administrativo pretende dar tranquilidad a miles de familias y garantizar que el proceso de regularización se realice sin el temor a ser expulsado del país durante la espera.
Requisitos y flexibilidad en las pruebas
Para obtener la residencia y el permiso de trabajo, los solicitantes deberán demostrar que han residido en España un mínimo de cinco meses. Consciente de las dificultades que muchos inmigrantes enfrentan para inscribirse en el padrón municipal, el Ministerio ha anunciado una flexibilidad sin precedentes en la documentación aceptada:
- Servicios básicos: Facturas de luz, agua o contratos de suministros.
- Salud y finanzas: Informes médicos de la sanidad pública o privada, y certificados de envío de dinero (remesas).
- Vida social: Cualquier prueba documental que acredite la estancia fehaciente en el país antes de la fecha límite.
Un permiso de transición hacia la legalidad plena
Los beneficiarios recibirán inicialmente una autorización de residencia y trabajo por un año. Según fuentes gubernamentales, este periodo servirá como puente para que, una vez finalizado el primer año, los ciudadanos puedan renovar sus papeles bajo el marco del nuevo Reglamento de Extranjería.
El objetivo central de la medida es aflorar la economía sumergida y garantizar que estos nuevos contribuyentes puedan acceder a derechos laborales básicos, aportando así a la seguridad social y al crecimiento económico del país.