La política española se encuentra bajo un terremoto institucional tras las explosivas declaraciones de Víctor de Aldama ante el juez. El empresario, pieza central de una trama de corrupción, ha señalado directamente al Palacio de la Moncloa y al régimen de Nicolás Maduro en una operativa de financiación ilegal que involucra el uso de petróleo venezolano para nutrir las arcas del partido del presidente Pedro Sánchez.
El mensajero y el “Sobre de Delcy”
Según el testimonio de Aldama, la pieza clave de esta conexión es un sobre con el sello oficial del régimen venezolano, fechado el 4 de febrero de 2020. El remitente sería Manuel Quevedo Fernández, entonces presidente de la estatal PDVSA, y la destinataria, la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Aldama sostiene que ella le entregó personalmente este documento, el cual contenía información sensible sobre la asignación de “cupos de hidrocarburos”. Estos beneficios económicos, derivados de la venta de petróleo, habrían sido desviados presuntamente para financiar actividades del PSOE, incluyendo la campaña para que Sánchez lograra la presidencia de la Internacional Socialista.
¿Quién es Víctor de Aldama y por qué rompe su silencio?
Aldama no es un desconocido en los pasillos del poder. Actuaba como un “conseguidor” con acceso privilegiado a altos cargos, especialmente vinculado a Koldo García, asesor del entonces ministro José Luis Ábalos.
Su decisión de hablar ahora, tras meses de silencio, responde a una estrategia de supervivencia judicial. Tras ser arrestado por un fraude millonario en el sector de los hidrocarburos y pasar por prisión preventiva, el empresario ha optado por colaborar con la justicia a cambio de beneficios penales y su libertad provisional. Para el juez, sus palabras son una vía para desentrañar una red que mezcla intereses empresariales con favores políticos internacionales.
El silencio de Caracas y el muro de Moncloa
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el chavismo ha mantenido un silencio sepulcral. Expertos señalan que admitir estas operaciones destruiría a su interlocutor más útil en Europa y expondría a PDVSA a nuevas sanciones. Para el régimen de Maduro, la información que posee Aldama es más valiosa como herramienta de presión oculta que como denuncia pública.
Por su parte, el Gobierno de España ha reaccionado con un desmentido absoluto. Pedro Sánchez ha calificado las afirmaciones de “rotundamente falsas”, acusando a Aldama de ser un “presunto delincuente” que miente para evitar la cárcel. El PSOE insiste en que no existe ninguna prueba documental que vincule el dinero venezolano con sus cuentas, mientras la oposición exige dimisiones inmediatas ante lo que consideran una traición a la soberanía nacional.
La investigación judicial se centra ahora en verificar la autenticidad de los sellos del sobre y el rastro del dinero. Si se demuestra que los hidrocarburos venezolanos sirvieron para engrasar la maquinaria del partido de Gobierno, España se enfrentaría a uno de los mayores escándalos de corrupción y política exterior de su historia democrática, dejando al Ejecutivo en una situación de extrema debilidad.