En un movimiento que redefine el tablero político de Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha iniciado un proceso de desmantelamiento estructural de las instituciones y programas sociales que fueron pilares durante la gestión de Nicolás Maduro. Bajo el amparo del Decreto N.º 5.248, el gobierno interino ha ordenado la supresión y liquidación de siete organismos clave, marcando una ruptura definitiva con el modelo anterior.
El fin del CESPPA y el control informativo
La medida más significativa es la eliminación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA). Este organismo, creado en 2013, fue objeto de constantes críticas por parte de defensores de derechos humanos y gremios periodísticos, quienes lo señalaban como una herramienta de censura y control de información sensible. Su cierre simboliza el fin de una era de hermetismo institucional en la seguridad de Estado.
Reestructuración del aparato social
El decreto no solo afecta la inteligencia estatal, sino también el entramado de misiones y fundaciones que servían de base de apoyo al chavismo-madurismo. Entre las entidades suprimidas destacan:
- Misión Jóvenes de la Patria “Robert Serra”: El principal brazo de movilización política juvenil del gobierno de Maduro.
- Misión Socialista Nueva Frontera de Paz: Enfocada en el control de zonas fronterizas.
- Fundación Propatria 2000 y la OPPPE: Entes encargados de gestionar proyectos especiales de infraestructura que ahora pasarán a revisión técnica.
¿Hacia un Estado más pequeño?
Esta decisión se interpreta como una estrategia de “achicamiento del Estado” para reducir el gasto público y simplificar la burocracia. No obstante, el trasfondo político es evidente: tras la captura de Maduro en enero de 2026, la administración de Rodríguez busca legitimidad internacional y una estructura de mando propia, alejándose de los símbolos de la gestión anterior.
El proceso de liquidación, que deberá completarse en un plazo de 90 días, queda bajo la lupa de la opinión pública, que observa con cautela cómo se reasignarán los recursos y funciones de estos entes a los ministerios correspondientes.