Lo que comenzó como una preocupación aislada de padres y maestros se ha convertido en un movimiento internacional. El Gobierno de España ha dado luz verde a un proyecto de ley que busca elevar la edad mínima para acceder a las redes sociales de los 14 a los 16 años. El objetivo es claro: proteger a los adolescentes de los peligros del ciberbullying, el contenido inapropiado y la adicción digital, una medida que ya están tomando otras potencias mundiales.
El fracaso de los controles actuales
La razón detrás de esta ley tajante es que las medidas de “control” actuales simplemente no han funcionado. Hasta ahora, cualquier joven podía saltarse los filtros simplemente mintiendo sobre su fecha de nacimiento. Ni los controles parentales ni las restricciones de las aplicaciones han sido suficientes para frenar el aumento de problemas de salud mental. Ante esta realidad, las autoridades consideran que la única vía efectiva es una restricción legal respaldada por tecnología.
Un movimiento que recorre el planeta
España no está sola en esta decisión. El país se ha sumado a una tendencia global donde otros gobiernos ya han tomado cartas en el asunto:
- Australia: Se convirtió en el pionero mundial en diciembre de 2025, prohibiendo por ley las redes a menores de 16 años, resultando en el bloqueo de millones de cuentas.
- Francia: Ya aplica un límite de 15 años y ha prohibido los celulares en las escuelas.
- Reino Unido: Ha implementado leyes que imponen multas millonarias a las plataformas que no verifiquen estrictamente la edad de sus usuarios. Incluso en nuestra región, países como Colombia, Brasil y Venezuela ya observan con atención estos modelos para posibles legislaciones futuras.
La voz de los jóvenes y el reto de la privacidad
A pesar de la tendencia, los adolescentes se resisten. Muchos argumentan que las redes son su principal herramienta de estudio y socialización, y que la solución debería ser la educación digital y no la prohibición. Además, queda la gran duda sobre cómo se vigilará el cumplimiento: el Gobierno propone el uso de documentos de identidad oficiales o escaneo facial para verificar la edad, lo que ha encendido el debate sobre la privacidad de los datos personales.
Esta propuesta marca un antes y un después en la vida digital, planteando un desafío histórico para las sociedades modernas: encontrar el equilibrio entre la seguridad de los menores y su libertad en el mundo digital.