
El 15 de octubre de 2025, miles de personas participaron en una multitudinaria protesta en el centro de Lima, Perú, contra el nuevo Gobierno interino del presidente José Jerí y el Congreso, motivados por denuncias de corrupción generalizada, el aumento de la inseguridad ciudadana impulsado por el crimen organizado, y el reciente ascenso de Jerí tras la destitución de la expresidenta Dina Boluarte mediante una moción de censura legislativa. La manifestación, convocada principalmente por colectivos juveniles como la “Generación Z”, junto con gremios artísticos y de transporte, se replicó en al menos 14 ciudades del país, siendo la más grande en los últimos años desde las olas de protestas de 2022-2023 que dejaron decenas de muertos.
Detalles del incidente
La marcha transcurrió de manera pacífica durante gran parte del día, pero derivó en enfrentamientos violentos cerca de las 19:00 horas locales, cuando un grupo de manifestantes intentó derribar las rejas de seguridad frente al Congreso en la Plaza Bolívar. La Policía Nacional respondió con gases lacrimógenos y otros medios antidisturbios, lo que escaló los choques.
La muerte confirmada: Alrededor de las 23:30 horas, en las inmediaciones de la Plaza Francia, un manifestante identificado como Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años, falleció presuntamente por un disparo de arma de fuego en el tórax. Fue trasladado al Hospital Arzobispo Loayza, donde se certificó su deceso a su llegada. Testigos oculares reportan que el disparo habría sido realizado por un “terna” (agente policial encubierto sin identificación, infiltrado entre los manifestantes), quien supuestamente abrió fuego al ser descubierto y perseguido por un grupo de participantes. La Fiscalía y el Ministerio de Salud confirmaron el deceso, y se hallaron casquillos de bala en la zona.
Heridos y detenidos: La Defensoría del Pueblo reportó más de 100 heridos en total, incluyendo 78 policías y 24 civiles (aunque cifras independientes elevan el número a al menos 176, incorporando periodistas). Dos jóvenes manifestantes fueron operados de gravedad por fractura de cráneo y heridas en el abdomen, uno de ellos inducido a coma. Además, se registraron 10 detenidos, principalmente por disturbios.
Reacciones oficiales y de la sociedad
Gobierno: El presidente interino José Jerí lamentó la muerte de Ruiz en un mensaje en X, expresando condolencias a su familia y exigiendo “investigaciones objetivas” para determinar responsabilidades. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, negó la presencia de “ternas” en el dispositivo policial y ordenó una pesquisa inmediata, argumentando que las fuerzas asignadas no estaban en la zona del incidente.
Oposición y organizaciones: La congresista Ruth Luque (de izquierda) criticó duramente al Gobierno, afirmando que “no se diferencia en nada del de Boluarte” y que “ha decidido matar para resolver problemas”. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresó “profunda indignación”, exigiendo una investigación independiente y exhaustiva. Manifestantes y activistas en redes sociales denunciaron el uso excesivo de fuerza policial, incluyendo videos de una agente de tránsito disparando tras un accidente de moto.
Esta tragedia revive tensiones de protestas pasadas, donde murieron al menos 49 civiles entre 2022 y 2023 bajo el mandato de Boluarte, quien enfrentaba cargos por presunta responsabilidad en esas muertes. El rechazo también se dirige a Jerí por denuncias de abuso sexual y al rol del Congreso en sostener gobiernos cuestionados. Hasta el momento, no hay avances públicos en la investigación, pero la sociedad civil urge una transición política responsable para evitar más violencia.