Fuente: La Silla Vacía
La reciente publicación de La Silla Vacía en X ha puesto en el centro de la atención un escándalo internacional que involucra a mercenarios colombianos entrenando a niños soldados en Sudán.
Según el reportaje, más de 300 exmilitares colombianos, operando bajo el nombre de “Lobos del Desierto”, han sido contratados desde el año pasado por una empresa colombiana, liderada por el coronel retirado Álvaro Quijano, y otra emiratí, Global Security Service Group (GSSG), propiedad de Mohamed Hamdan Alzaabi.
Esta operación apoya a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar sudanés acusado de crímenes de guerra, incluyendo limpieza étnica y reclutamiento forzado de menores en el contexto de la guerra civil que azota el país desde 2023.
El artículo, acompañado de fotos y videos geolocalizados, revela cómo estos mercenarios entrenan a niños tan jóvenes como 10, 11 y 12 años en el manejo de armas como fusiles AK-47, ametralladoras, rifles de precisión Dragunov y lanzacohetes RPG. Las imágenes muestran a menores sonriendo y haciendo el símbolo de paz, mientras yacen en el suelo de la sabana sudanesa junto a instructores colombianos. Los campamentos, ubicados al sur de Nyala en Darfur, albergan entre 1,000 y 3,000 reclutas por sesión, con 50 a 70 colombianos como instructores. Un exmercenario identificado como “César” confesó que, aunque le parecía “feo” entrenar a niños que mueren rápidamente en el frente, lo hizo por necesidad económica tras servir en Ucrania.
La operación tiene raíces transnacionales: Quijano, desde Emiratos Árabes Unidos (EAU), coordina con GSSG, mientras los mercenarios reciben entrenamiento en drones en Abu Dhabi y operan desde una base en Bosaso, Somalia, controlada por emiratíes. Videos muestran drones CH-95 chinos usados para bombardeos desde el aeropuerto de Nyala, clave para la logística de la RSF. El líder de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo (Hemeti), aliado de EAU y Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan, parece beneficiarse de este apoyo, que incluye intereses económicos como las minas de oro sudanesas.
Este caso plantea graves implicaciones legales. El reclutamiento de niños menores de 15 años es un crimen de guerra según el Derecho Internacional Humanitario, y tanto Colombia como Sudán han ratificado protocolos que prohíben involucrar a menores de 18 años en conflictos. Expertos como Jean-Baptise Gallopin de Human Rights Watch y Justin Lynch de Conflict Insights Group advierten que la RSF recurre a esta práctica por escasez de tropas. Dado que Colombia es parte de la Corte Penal Internacional, podría enfrentar presión para investigar y juzgar a sus nacionales involucrados. A pesar del rechazo del presidente Gustavo Petro, la operación continúa, marcada por denuncias de salarios impagos y contratos abusivos, dejando un legado de explotación y sufrimiento en una de las peores crisis humanitarias del mundo.