El gobierno de Nicolás Maduro excarceló a 71 personas detenidas en el contexto de las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, según confirmaron organizaciones de derechos humanos como el Comité de Madres en Defensa de la Verdad y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos. La medida, anunciada de forma discreta en la madrugada del día de Navidad, incluye a 65 hombres recluidos en el penal de Tocorón (estado Aragua), tres mujeres del Centro Penitenciario Femenino La Crisálida (Miranda) y tres adolescentes de La Guaira. Esta es la mayor liberación de este tipo en varios meses, tras un parón en el proceso que duraba desde marzo.
Las excarcelaciones ocurren en un contexto de alta tensión política y geopolítica. Tras los comicios de 2024 —cuestionados por fraude por la oposición, que reivindicó la victoria de Edmundo González Urrutia—, más de 2.400 personas fueron arrestadas y acusadas de delitos como terrorismo. Aunque la mayoría ya ha sido liberada en lotes previos, cientos permanecen en prisión. Organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón y el Foro Penal —que reporta al menos 902 presos políticos al 15 de diciembre— celebraron el gesto, pero lo calificaron de “insuficiente” y exigieron una amnistía general para los que aún están detenidos por motivos políticos.
El Ejecutivo de Maduro insiste en que Venezuela no tiene presos políticos y que los afectados cumplen condena por delitos comunes. Sin embargo, analistas interpretan esta decisión como un movimiento táctico ante la escalada de sanciones y presiones de Estados Unidos bajo la administración Trump, que incluye amenazas de bloqueo petrolero y despliegue militar en el Caribe. Mientras tanto, la oposición y las familias de los detenidos continúan demandando la libertad plena y el fin de la represión.