En un suceso que subraya la persistente tensión en regiones afectadas por el conflicto, 74 uniformados del ejército colombiano fueron liberados el 21 de septiembre en La Plata, Huila. La retención, ocurrida un día antes, fue perpetrada por un grupo de aproximadamente 500 civiles, quienes, según informes, actuaron bajo la influencia de un grupo armado organizado residual de las disidencias de las FARC.
El incidente se originó en el intento de las autoridades de capturar a un cabecilla de dicho grupo ilegal. A pesar de la retención, las negociaciones concluyeron con la liberación del personal militar y la posterior captura del objetivo principal. Este evento ha puesto en el foco el dilema al que se enfrenta la fuerza pública, que debe operar en zonas donde la población civil es instrumentalizada por grupos armados.
Expertos señalan que este tipo de retenciones no son aisladas, sino que se han convertido en una táctica recurrente por parte de los grupos ilegales. En lo corrido del año, se han documentado al menos 34 situaciones similares. La estrategia, según analistas, busca probar los límites del gobierno actual, que ha optado por un enfoque de diálogo, y al mismo tiempo consolidar el poder territorial en regiones de difícil acceso como la del Huila.
El control de estos territorios es fundamental para los grupos ilegales, que se benefician de actividades como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro. La presencia del ejército y la policía en estas áreas genera tensiones, ya que las comunidades locales, presionadas por los grupos armados, temen represalias. La retención de uniformados se configura así como una muestra de poder, un mecanismo de negociación y un mensaje contundente para las autoridades y otras comunidades. El suceso en Huila es, en esencia, una manifestación de la compleja y continua lucha por el control en las zonas rurales del país.