Fuente: DW en Español
La reciente promulgación de una ley de amnistía en Perú por la Presidenta Dina Boluarte ha desatado una ola de controversia, reabriendo heridas de un pasado que muchos peruanos desean sanar: el conflicto armado interno que azotó al país entre 1980 y 2000. Esta medida, que busca amnistiar a personal policial y militar acusado de crímenes durante la lucha contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, ha polarizado a la nación, enfrentando la justificación gubernamental con la vehemente oposición de las organizaciones de derechos humanos y las víctimas.
El gobierno peruano defiende la ley como un “acto de humanidad”, argumentando que busca poner fin a lo que consideran “juicios interminables e injustos” contra quienes sacrificaron su vida en la lucha contra el terrorismo. Desde esta perspectiva, la amnistía es un reconocimiento a la labor de las fuerzas del orden y un intento de cerrar un capítulo doloroso sin prolongar el sufrimiento de los implicados. Se argumenta que muchos de estos procesos judiciales carecen de un debido sustento o se han extendido excesivamente en el tiempo, generando una carga injusta sobre los acusados.
Sin embargo, para las organizaciones de derechos humanos y las familias de las víctimas, la ley es un golpe devastador, calificándola no como una amnistía, sino como una “ley de impunidad”. La preocupación es palpable: esta medida podría resultar en el archivo de cientos de casos, incluyendo aquellos con sentencias firmes y procesos en curso, negando la justicia a quienes sufrieron directamente las atrocidades del conflicto. Para las víctimas y sus familiares, que aún buscan respuestas y el paradero de sus seres queridos, esta ley representa una negación de su dolor y de la verdad histórica.
La postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos añade una capa más de complejidad al debate, ya que el organismo había instado previamente a Perú a abstenerse de aprobar leyes de esta naturaleza. Expertos en derecho internacional y derechos humanos advierten que la amnistía podría dañar seriamente la imagen de Perú en el ámbito internacional, especialmente en lo que respecta a su compromiso con la justicia y los derechos fundamentales. Se espera con atención un pronunciamiento de la Corte Interamericana, que podría tener implicaciones significativas para el futuro legal y político del país.
En definitiva, la ley de amnistía en Perú no es solo una cuestión legal, sino un profundo dilema moral y social. Enfrenta la necesidad de cerrar heridas pasadas con la ineludible exigencia de justicia para las víctimas. La tensión entre el deseo de reconciliación y la búsqueda de responsabilidad individual por los crímenes cometidos durante el conflicto armado sigue siendo un desafío crucial para la sociedad peruana.