Las recientes declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro sobre la posible suspensión de transmisiones mediáticas han encendido las alarmas, pero legalmente, son poco viables. Si bien el espectro electromagnético es propiedad del Estado, esto no otorga al gobierno la facultad de manipular el contenido de los medios. Su rol se limita a otorgar permisos y regular el marco legal.
Según el Artículo 75 de la Constitución colombiana, la suspensión de un medio solo procede bajo causas claras y específicas. Esto significa que el presidente no puede silenciar a un medio por críticas o supuestas desinformaciones sin pruebas. La libertad de expresión es un pilar democrático protegido legalmente.
Las únicas razones válidas para una suspensión incluyen la falta de pago, la violación grave de normas, la expiración del contrato o la incapacidad operativa. El caso de Televista de Telecaribe, suspendido por falta de pago, ilustra una justificación legal.
En resumen, las amenazas de Petro son más un “berrinche” político que una acción legalmente sustentable. Es vital que tanto la prensa como la ciudadanía comprendan las limitaciones del poder ejecutivo para defender la libertad de prensa, un pilar fundamental de la democracia.