La violencia contra el cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria volvió a sacudir al país. En Palmira, Valle del Cauca, un ataque armado dejó este viernes un dragoneante muerto y otro gravemente herido, en un hecho que se suma a la serie de atentados que han puesto en jaque la seguridad de los funcionarios del Inpec.
El funcionario asesinado fue identificado como Manuel Antonio Becerra Palma, mientras que su compañero, Óscar Julián González Garzón, permanece hospitalizado bajo pronóstico reservado. Horas antes, también se reportó un hostigamiento cerca de la cárcel de Buga, lo que confirma un patrón de ataques en el suroccidente del país.
Estos hechos no son aislados. Hace pocos días, la cárcel La Modelo de Bogotá también fue escenario de un atentado con arma de fuego que dejó un guardia muerto y varios heridos. Ambos episodios parecen estar conectados por un mismo trasfondo: la retaliación de organizaciones criminales contra los custodios del sistema penitenciario.
Las autoridades investigan la posible responsabilidad de la banda autodenominada Muerte a Guardias Opresores (MAGO), que estaría actuando bajo órdenes de alias Pipe Tuluá, un capo recluido en Bogotá con pedido de extradición.
Tanto en Bogotá como en el Valle del Cauca, la estrategia de los grupos ilegales parece clara: sembrar terror entre los dragoneantes, presionar al Estado y mostrar poder en medio de las medidas de control dentro de las cárceles.
El Ministerio de Justicia y el Inpec anunciaron medidas de seguridad extraordinarias, aunque la preocupación crece entre los funcionarios, que ven cómo los ataques en distintas regiones del país revelan una ofensiva sistemática contra el cuerpo penitenciario.