Las “28 horas de terror” del Palacio de Justicia, ocurridas entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, son uno de los episodios más trágicos y simbólicos de la historia reciente de Colombia.
Aquel hecho condensó en menos de dos días la violencia, la impunidad y la confrontación entre el Estado y la insurgencia.
La toma (6 de noviembre, 11:35 a.m.)
A esa hora, 35 guerrilleros del M-19 ingresaron al Palacio de Justicia en el centro de Bogotá.
Armados con fusiles, granadas y explosivos, irrumpieron por la entrada principal y tomaron como rehenes a magistrados, empleados, visitantes y personal de seguridad.
Su objetivo, según declararon, era “realizar un juicio político al presidente Belisario Betancur”, a quien acusaban de traicionar el proceso de paz iniciado con esa guerrilla meses atrás.
El comando insurgente estaba liderado por Luis Otero Cifuentes y Andrés Almarales.
En total, más de 300 personas quedaron atrapadas en el edificio.
La respuesta militar
A los pocos minutos, el Ejército y la Policía rodearon la Plaza de Bolívar.
El gobierno ordenó una retoma inmediata, sin negociar, bajo la justificación de defender la soberanía del Estado.
Tanques Urutú y Cascabel del Ejército irrumpieron por la fachada principal.
El Palacio —una joya arquitectónica que albergaba la Corte Suprema y el Consejo de Estado— fue envuelto en fuego cruzado, humo y explosiones.
Los magistrados, encabezados por el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, pidieron un alto al fuego por teléfono y radio.
Sus súplicas fueron ignoradas.
En la tarde del 7 de noviembre, tras 28 horas de combate, el Palacio quedó reducido a cenizas.
El saldo
El resultado fue devastador:
- 98 personas murieron, entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema, jueces, funcionarios, visitantes y guerrilleros.
- Al menos 11 personas fueron desaparecidas, la mayoría empleados de la cafetería y visitantes ocasionales, vistos por última vez en manos de militares.
El fuego destruyó miles de expedientes, entre ellos los del proceso contra el narcotráfico que involucraba a Pablo Escobar y al cartel de Medellín —detalle que ha alimentado múltiples teorías sobre un posible interés de los narcos en la toma.
Consecuencias y memoria
Años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano por graves violaciones a los derechos humanos, especialmente por la desaparición forzada de civiles y por la desproporcionada respuesta militar.
El M-19, por su parte, reconoció su responsabilidad moral por el inicio de la tragedia.
El Palacio de Justicia fue reconstruido, y cada 6 de noviembre se conmemora la fecha con actos simbólicos en memoria de las víctimas.
Sin embargo, la verdad completa sigue fragmentada: los desaparecidos aún son símbolo de un país que sigue buscando justicia cuatro décadas después.