La situación en torno a la expedición de pasaportes en Colombia ha escalado, revelando profundas tensiones sobre la soberanía de datos y la gestión de contratos estatales. En una reciente discusión pública, Daniel Coronell confrontó al Pastor Alfredo Saade sobre los retrasos en las citas para obtener este documento esencial.
Saade, quien se identifica como un “articulador” bajo órdenes directas de la Presidencia, negó haber ordenado la retención de citas, aunque sí defendió la visión del Presidente de centralizar la información de los ciudadanos para proteger la “soberanía de datos”, considerándola un pilar fundamental de la seguridad nacional.
La controversia se agudiza ante el inminente fin del contrato con el actual proveedor de pasaportes, la Unión Temporal Documentos de Viaje 2025 (anteriormente Thomas Greg & Sons), programado para el 31 de agosto o cuando se agoten las libretas.
Saade señaló que el Presidente ha impulsado un nuevo acuerdo con Portugal para la producción y personalización de los pasaportes. Sin embargo, persisten dudas sobre si la Imprenta Nacional estará lista para asumir esta tarea en la fecha límite.
La discusión no solo puso de manifiesto la preocupación por la eficiencia en la emisión de pasaportes, sino también la complejidad de la transición hacia un modelo donde el Estado asuma el control total de los datos de sus ciudadanos.
Mientras algunos defienden esta medida como un avance crucial en la seguridad nacional, otros señalan los desafíos logísticos y temporales que implica, especialmente en un proceso tan crítico como la identificación internacional de los colombianos. La pregunta que flota en el ambiente es si esta transición se llevará a cabo sin mayores tropiezos o si desembocará en una crisis que afecte a miles de ciudadanos.