El gobierno de Donald Trump, en su segundo mandato, ha cruzado un umbral histórico al planear una intervención militar directa en territorio mexicano contra los cárteles de la droga. Según reportes de NBC News y otros medios internacionales, la Casa Blanca prepara el envío de fuerzas especiales del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC), agentes de la CIA y drones armados para atacar laboratorios de fentanilo, líderes narcos y rutas clave de tráfico. Esta no es una mera amenaza retórica: ya se han iniciado entrenamientos, y el despliegue —aún sin fecha— solo espera la aprobación final del presidente.
La justificación es clara y repetida: el fentanilo mata a más de 100.000 estadounidenses al año, y los cárteles mexicanos son los principales proveedores. Trump los designó como organizaciones terroristas extranjeras en febrero de 2025, lo que legalmente habilita el uso de la fuerza militar sin necesidad de declaración de guerra. En el Caribe y el Pacífico, la Marina de EE.UU. ya ha ejecutado 15 ataques aéreos contra embarcaciones narco, eliminando a más de 60 traficantes. México, según esta visión, es ahora el siguiente frente.
Pero la realidad es más compleja. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido tajante: “No habrá botas extranjeras en suelo mexicano”. Su gobierno ha respondido con hechos: 10.000 efectivos desplegados en la frontera, récord en decomisos de precursores químicos y 55 extradiciones de capos a EE.UU. en menos de un año. México coopera, pero no se somete. Y aunque permite vuelos de vigilancia de la CIA (heredados de la era Biden), una incursión armada sería considerada una violación a la soberanía.
El plan estadounidense contempla operaciones quirúrgicas: drones de largo alcance, comandos nocturnos, inteligencia satelital. No una invasión, sino “golpes selectivos”. Sin embargo, los cárteles no son ejércitos convencionales. Con hasta 185.000 hombres armados, control territorial y redes de corrupción, una acción unilateral podría desencadenar represalias: atentados en ciudades fronterizas, migración masiva, o incluso una guerra asimétrica en suelo mexicano con civiles en la línea de fuego.
En Washington, el debate interno es feroz. Algunos halcones presionan por la acción inmediata; otros, incluidos veteranos de inteligencia, advierten que sin coordinación con México, la operación será ineficaz y contraproducente. “Matar líderes no desmantela redes; las fragmenta y las hace más violentas”, coincide un exfuncionario citado por The Wall Street Journal.
En las redes, el tema arde. Mexicanos denuncian una nueva forma de intervencionismo yankee; estadounidenses divididos entre quienes ven a los cárteles como una amenaza existencial y quienes temen otro pantano militar. “Si falló en Afganistán, ¿por qué funcionaría en Sinaloa?”, pregunta un usuario en X.
La historia juzgará si esta misión es un acto de audacia necesario o el preludio de un desastre diplomático y humanitario. Por ahora, una cosa es cierta: el hemisferio vive al borde de un conflicto que nadie pidió, pero que todos podrían pagar.