La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), presidida por Guillermo Herrera, rechazó de manera contundente la declaratoria de emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro mediante el Decreto 1390 de 2025. Según el gremio, esta medida no cumple con los requisitos constitucionales del artículo 215, ya que la crisis fiscal actual responde a problemas estructurales conocidos y no a hechos imprevisibles o extraordinarios. Camacol argumenta que el Ejecutivo podría haber recurrido a herramientas ordinarias como la reprogramación del gasto o recortes presupuestales, en lugar de activar un estado de excepción.
El sector de la construcción, que representa cerca del 7 % del PIB y genera más de 1,2 millones de empleos directos, advierte que la medida genera incertidumbre jurídica y económica, lo que podría frenar inversiones, retrasar proyectos y afectar el empleo en un momento de desaceleración. Camacol señala que saltarse los mecanismos democráticos habituales pone en riesgo el equilibrio institucional y la confianza de los inversionistas, con posibles efectos en cadena sobre otros sectores productivos.
El Gobierno defiende la emergencia como respuesta a una situación grave que amenaza derechos fundamentales, tras el hundimiento de la reforma tributaria que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos. Sin embargo, la decisión queda ahora en manos de la Corte Constitucional, que revisará automáticamente su validez. Precedentes recientes de la Corte sugieren que podría ser declarada inconstitucional si se confirma que no se cumplen los criterios de excepcionalidad.