La reciente confirmación de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol ha generado un considerable revuelo. A pesar de los persistentes rumores sobre su posible renuncia o destitución, e incluso en medio de diversas investigaciones en su contra, Roa fue ratificado en el Congreso de Analdesco en Cartagena. Esta decisión ha sorprendido a muchos, especialmente dado el contexto de las alegaciones que lo rodean.
Roa, por su parte, ha mantenido una postura firme, declarando que su salida “nunca estuvo en la agenda” de la junta directiva de Ecopetrol. Esta afirmación subraya la autonomía de la junta en sus decisiones de gobierno corporativo. Sin embargo, la ratificación se produce en un ambiente de escrutinio público, donde las preocupaciones sobre la transparencia y la gobernanza en la principal empresa petrolera del país son cada vez más latentes.
Las controversias en torno a Roa son variadas y de gran peso. Entre ellas, destacan las acusaciones de presunta entrada de dinero del narcotráfico a la campaña presidencial de Petro, cuando Roa se desempeñaba como gerente. Asimismo, se han mencionado intercepciones a funcionarios de Ecopetrol y la existencia de 70 contratos considerados problemáticos. La situación se agrava con señalamientos de conflictos de interés y una supuesta “crisis de gobernanza” que estaría afectando la relación entre la junta directiva y la presidencia de la compañía.
Un punto particularmente polémico es el supuesto pago de 6 millones de dólares a un bufete de abogados para evaluar el riesgo financiero de la presidencia de Roa, un gasto que la junta directiva ha negado haber autorizado. Esta situación ha llevado a cuestionamientos sobre la prudencia de tales desembolsos y la lógica detrás de mantener a un ejecutivo envuelto en tantas controversias.
La ratificación de Roa, a pesar de este panorama, sigue generando debate sobre el futuro de Ecopetrol y su impacto en la autosuficiencia energética y la inversión social de Colombia.