El gobierno colombiano ha propuesto una ley para la “paz total” que busca reducir penas (5 a 8 años) y ofrecer beneficios a líderes criminales, incluso permitiéndoles conservar parte de sus bienes incautados.
Esta iniciativa, defendida por el Ministro de Justicia Eduardo Montealegre, se presenta como un equilibrio entre la justicia restaurativa y contributiva, exigiendo a cambio la entrega de armas, la liberación de secuestrados y menores, y la contribución a la verdad y reparación a las víctimas.
La propuesta ha generado un intenso debate, pues mientras algunos la consideran necesaria para desmantelar organizaciones criminales, otros cuestionan la efectividad de las concesiones.
El video sugiere que la resocialización podría ser una alternativa más económica y eficaz que la “mano dura” —dado el alto costo y los resultados limitados en la lucha contra la extorsión en lugares como Barranquilla—, enfatizando la importancia de brindar oportunidades a los jóvenes para evitar que caigan en la delincuencia.
En última instancia, se insta al Senado a considerar la propuesta desde una perspectiva social y económica, buscando en la resocialización una solución más beneficiosa que el conflicto armado, siempre con la debida cautela para evitar el resurgimiento de grupos disidentes.