El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por el Supremo Tribunal Federal, acusado de intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. Según la sentencia, Bolsonaro lideró una estrategia política y mediática para desacreditar el sistema electoral, alentar la intervención militar y apoyar a movimientos que culminaron en los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando sus seguidores invadieron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia.
La condena se fundamenta en cinco delitos, entre ellos: organización criminal, tentativa de abolir el Estado democrático de derecho y conspiración golpista. Para el tribunal, estas acciones no fueron simples discursos políticos, sino ataques directos a la democracia.
Sin embargo, Bolsonaro y sus aliados califican el proceso como una “cacería de brujas”. Argumentan que no hay pruebas de que él haya ordenado actos violentos, que fue juzgado directamente por la Corte Suprema —sin tribunales inferiores— y que los magistrados tienen posiciones políticas marcadas en su contra. A su juicio, la sentencia busca eliminarlo de la vida pública y asegurar que no pueda competir en futuras elecciones.
El caso refleja la polarización política de Brasil. Para unos, el fallo es una señal clara de que la democracia debe defenderse frente a intentos autoritarios. Para otros, es la confirmación de que la justicia está siendo usada como un arma política contra un líder que aún conserva gran apoyo popular.
En definitiva, el debate no se limita a si Bolsonaro es culpable o no, sino a cómo se equilibra en Brasil la defensa del orden democrático con la garantía de procesos judiciales imparciales.