La percepción de que la justicia en Colombia es débil frente a la delincuencia es una preocupación generalizada, alimentada por los altos índices de impunidad y la recurrente reincidencia criminal. La congestión judicial, la escasez de recursos y la dificultad en la recolección de pruebas contribuyen a que un gran número de delitos queden sin sanción, permitiendo que los delincuentes operen con una sensación de poca o nula consecuencia. A esto se suma la complejidad de los procesos legales y la sombra de la corrupción, que erosionan la confianza pública y refuerzan la idea de un sistema que no logra proteger eficazmente a la ciudadanía.
Esta situación genera una profunda sensación de desprotección en la población, que ve cómo sus esfuerzos por buscar justicia a menudo resultan en frustración. Aunque existen iniciativas para fortalecer el sistema judicial, como la modernización tecnológica y las propuestas de reforma, la brecha entre la aspiración de una justicia robusta y la realidad percibida por los colombianos es aún significativa. El desafío actual es restaurar la credibilidad en las instituciones, logrando que la ley se aplique con la firmeza y celeridad necesarias para disuadir el crimen y garantizar la seguridad ciudadana.