El pasado jueves, un juez federal dictaminó que el centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida, debe cesar la admisión de nuevos detenidos y comenzar el desmantelamiento de gran parte de sus instalaciones en un plazo de 60 días. Esta decisión se basa en que el gobierno estatal y federal violaron leyes ambientales al no realizar los estudios requeridos sobre el impacto ecológico antes de construir esta instalación en un área protegida del ecosistema de los Everglades.
El juez Kathleen Williams determinó que el centro, levantado apresuradamente sobre un aeropuerto en desuso, ocasiona daños irreparables, incluyendo la pérdida de hábitat y la amenaza a especies en peligro de extinción como el puma de Florida y el murciélago bonete. Además, la instalación afecta territorios sagrados de la tribu Miccosukee y la calidad del agua esencial para el sur del estado.
Organizaciones ambientalistas celebraron esta decisión, considerándola una victoria significativa para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad de Florida. Por su parte, el gobernador Ron DeSantis apeló el fallo, calificándolo de obra de un “juez activista” y expresando su intención de continuar con la política de detenciones promovida por la administración Trump.
Este fallo representa un revés legal importante para una instalación que ha generado controversia no solo por su impacto ambiental, sino también por las condiciones críticas denunciadas por los detenidos, incluyendo problemas con la calidad del agua, alimentos contaminados y temperaturas extremas. El juez ordenó además que se desmonte infraestructura clave como cercas, generadores y sistemas de iluminación que afectan negativamente el hábitat natural.
En resumen, esta medida judicial marca un paso decisivo en la defensa del medio ambiente en Florida frente a proyectos con potencial impacto ecológico severo, y refleja el complejo enfrentamiento entre políticas migratorias y protección ambiental en Estados Unidos.