
Fuente: prensa Gobernación del Atlántico
En una sesión extraordinaria que se extendió por más de nueve horas, el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico designó a la secretaria general de la institución, Josefa Cassiani, como rectora encargada a partir del próximo 13 de octubre. La decisión se tomó mientras la Procuraduría General de la Nación evalúa tres recusaciones presentadas contra miembros del máximo órgano de gobierno universitario.
Las recusaciones afectan al gobernador del Atlántico y presidente del Consejo Superior, Eduardo Verano de la Rosa; al representante de las directivas académicas, Miguel Caro; y a la representante estudiantil, Angely Díaz Cordero. La sesión tuvo que ser suspendida durante dos horas para atender el trámite legal, que ahora queda en manos del Ministerio Público.
“El encargo irá hasta tanto tengamos la definición de las recusaciones. Ya hemos hablado con el señor procurador; él ha recibido todas las recusaciones y nosotros hemos dado las respuestas y elevado una solicitud de trámite rápido”, explicó el gobernador Verano, quien reiteró que se espera contar con un rector en propiedad la próxima semana.
Cassiani, reconocida por su trayectoria administrativa dentro de la Universidad, expresó su compromiso con la comunidad académica durante este periodo de transición. “Ustedes ya conocen de mi trabajo, saben el compromiso que tengo por la institución y se va a ver reflejado en este encargo que me ha otorgado Dios y esta plenaria del Consejo Superior”, afirmó.
Durante la misma jornada, Ricardo Moreno Patiño, viceministro de Educación Superior, tomó posesión como delegado del Ministerio de Educación Nacional ante el Consejo Superior, en un acto encabezado por el gobernador Verano.
Aunque la elección definitiva del rector para el periodo 2025–2029 no pudo concretarse, los cinco aspirantes —Danilo Hernández, Álvaro González, Leyton Barrios, Wilson Quimbayo y Alcides Padilla— continúan en carrera. El Consejo Superior deberá entrevistarlos y evaluar sus propuestas de gestión una vez se resuelva el impedimento legal.
La Universidad del Atlántico, en medio de este proceso, reafirma su compromiso con la transparencia institucional y la continuidad académica.