Un día después del atentado en Amalfi, Antioquia, en el que un helicóptero de la Policía fue derribado y 13 uniformados perdieron la vida, el Gobierno Nacional ratificó su decisión de mantener la mesa de diálogo con las disidencias de las Farc, en el marco de la política de “paz total”.
La reunión, que ya estaba programada desde el 15 de agosto, se llevó a cabo en la zona de El Diamante, entre Meta y Caquetá, y contó con la presencia de la delegación oficial encabezada por Gloria Quiceno, junto a representantes indígenas y sociales, así como la participación de voceros de la estructura 36, bajo el mando de alias Calarcá.
Desde el Ejecutivo no se emitieron declaraciones directas tras el encuentro; sin embargo, fuentes de la mesa reiteraron que el objetivo es mantener abierto el canal de comunicación como única alternativa a la escalada armada. “Los atentados no detendrán el propósito de alcanzar acuerdos que garanticen la vida de las comunidades”, señaló uno de los delegados.
La decisión de avanzar con la cita, pese a la magnitud de los ataques, desató una ola de críticas. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó el hecho de “inaudito e inaceptable”, mientras sectores de la oposición cuestionaron que se privilegie el diálogo con cabecillas señalados de narcotráfico y terrorismo, justo después de un ataque que golpeó a la Fuerza Pública.
El Gobierno, en contraste, defiende que suspender la mesa solo prolongaría la confrontación armada y cerraría las posibilidades de lograr un acuerdo político con quienes aún mantienen presencia en vastas zonas rurales. La polémica refleja la tensión entre la necesidad de negociar y la exigencia de justicia en medio de una crisis de seguridad que sigue golpeando a Antioquia y otras regiones del país.