El Gobierno nacional prepara un decreto de emergencia económica con el que busca cerrar el faltante de recursos del Presupuesto General de la Nación para 2026, estimado en cerca de 16 billones de pesos, luego de que el Congreso no aprobara una nueva reforma tributaria.
Dentro de las medidas contempladas está el aumento del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como 4×1000, que pasaría de forma temporal al 5×1000. Esto permitiría al Ejecutivo recaudar recursos de manera inmediata mientras se garantiza el funcionamiento del Estado.
Qué es el 4×1000 y qué cambiaría
El GMF es un impuesto que se cobra cada vez que una persona o empresa realiza un movimiento bancario, como transferencias, retiros o pagos desde una cuenta financiera.
Actualmente, el impuesto es del 4×1000, lo que significa que por cada 1.000 pesos que se mueven en el sistema financiero se pagan 4 pesos al Estado. Con el decreto, el gravamen subiría al 5×1000, es decir, 5 pesos por cada 1.000 pesos movilizados.
Aunque el aumento parece pequeño, al aplicarse sobre millones de transacciones diarias representa un recaudo significativo para el Gobierno.
Por qué se usaría un decreto y no el Congreso
La Constitución permite al presidente declarar una emergencia económica cuando existe una situación grave que amenaza la estabilidad financiera del país. Bajo esa figura, el Ejecutivo puede expedir decretos con fuerza de ley, incluyendo impuestos, sin el trámite ordinario en el Congreso.
Según el Gobierno, la falta de recursos pone en riesgo la financiación de sectores clave como salud, educación, seguridad y programas sociales, por lo que se requiere una respuesta rápida.
A quiénes afectaría el 5×1000
El aumento del impuesto no distingue nivel de ingresos. Lo pagarían:
- Personas naturales
- Comercios
- Empresas grandes y pequeñas
- Trabajadores independientes
- Cada vez que realicen movimientos financieros gravados, el banco descontaría automáticamente el impuesto.
Cuánto tiempo duraría la medida
La propuesta del Gobierno es que el 5×1000 sea temporal, aplicable durante el año gravable 2026. Sin embargo, la duración exacta dependerá del contenido final del decreto y de su revisión jurídica.
El papel de la Corte Constitucional
Una vez expedido el decreto de emergencia económica, este debe ser revisado por la Corte Constitucional, que evaluará si:
- La emergencia está debidamente justificada
- Las medidas tributarias guardan relación directa con la crisis
- No se vulneran derechos fundamentales
- Si la Corte lo avala, el impuesto entrará en vigencia. Si lo tumba, el 5×1000 no podrá aplicarse.
Cómo lo sentiría el ciudadano común.
Para el ciudadano, el impacto se vería en:
- Mayores descuentos en transferencias y retiros bancarios
- Incremento en los costos de operar cuentas y pagos digitales
- Posible aumento del uso de efectivo para evitar el impuesto
- Expertos advierten que este tipo de gravámenes suele afectar más a quienes realizan muchas transacciones pequeñas, como comerciantes y trabajadores independientes.
En resumen
El Gobierno apuesta por la emergencia económica para imponer impuestos de forma rápida y cerrar el hueco fiscal de 2026. El aumento del 4×1000 al 5×1000 es una de las medidas más visibles y polémicas, ya que impacta directamente a todos los usuarios del sistema financiero y abre un nuevo debate jurídico, económico y político en el país.