Fiscalía pide cárcel para Nicolás Petro por entramado de contratos en el Atlántico.

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En medio de una tensa audiencia judicial en Barranquilla este 2 de diciembre de 2025, la fiscal Lucy Laborde solicitó la imposición de una medida de aseguramiento intramural contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro. La petición se basa en evidencias que lo vinculan con la adjudicación irregular de al menos dos contratos entre la Fundación Conciencia Social (Fucoso), dirigida por su excompañera Day Vásquez, y la Gobernación del Atlántico, por un valor superior a los 3.000 millones de pesos. Según la Fiscalía, Petro actuó con pleno conocimiento de la ilicitud de sus acciones, presionando a funcionarios para favorecer estos convenios destinados supuestamente a la atención de adultos mayores vulnerables, pero que habrían sido desviados para enriquecimiento personal.


La defensa de Petro, representada por el abogado Alejandro Carranza, rechazó la solicitud argumentando que su cliente no representa un riesgo de fuga ni de obstrucción a la justicia, y que ya cumple con medidas alternativas como arraigo y presentación periódica desde 2023. El caso, enmarcado en el denominado “entramado Fucoso”, incluye imputaciones por peculado, tráfico de influencias y falsedad en documentos, entre otros delitos. Un acceso no autorizado a información clasificada del expediente en septiembre de 2025 ha intensificado las sospechas de posibles interferencias, lo que motivó la escalada en la petición de detención preventiva en un establecimiento carcelario como La Picota.


Este desarrollo judicial genera un fuerte impacto político en Colombia, al involucrar directamente a un familiar del mandatario y cuestionar la transparencia en la gestión pública del Atlántico durante el periodo 2018-2022. Críticos del gobierno ven en el proceso una oportunidad para exponer supuestas redes de corrupción, mientras que aliados lo califican como una persecución motivada por intereses opositores. El juez del caso evaluará la solicitud en las próximas horas, lo que podría derivar en un juicio oral acelerado y mayores repercusiones para la imagen del oficialismo.